Una de las más tempranas felonías del Gobierno de Mariano Rajoy consistió en el rechazo de la propuesta de UPyD de recuperar el delito de convocatoria ilegal de consultas populares, figura implantada durante el mandato de José María Aznar para hacer frente al Plan Ibarretxe y lamentablemente eliminada después por José Luis Rodríguez Zapatero. A pesar de que a finales de 2012 ya era público y notorio el compromiso del presidente de la Generalidad, el golpista Artur Mas, con la celebración de una consulta secesionista como la que finalmente perpetraría el 9 de noviembre de 2014, el Gobierno del PP rechazó ese disuasivo y oportuno aviso a navegantes en su reforma del Código Penal alegando, tal y como hiciera Zapatero, que el Estado de Derecho ya tenía "capacidad suficiente" para disuadir o castigar ese tipo de ilegalidades.
Es cierto que el Código Penal contemplaba y contempla delitos tales como los de usurpación de funciones judiciales, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, que podrían ser aplicados a los convocantes de un referéndum ilegal . De hecho, el escrito inicial de denuncia del Ministerio Público hasta la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acusaba a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por esos cuatro delitos.
Sin embargo, y dejando al margen la posterior y bochornosa retirada de cargos contra los autores del 9-N por parte de la Fiscalía, que se llevó a cabo de forma paulatina y en paralelo a lo que luego se conocería como operación Diálogo, lo cierto es que no hay en el Código Penal un tratamiento especifico para las convocatorias ilegales de referéndums que castigue con penas de cárcel esta gravísima violación del orden constitucional: los delitos de desobediencia y prevaricación sólo contemplan penas de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. A este respecto, conviene advertir que si los autores del 1-O se enfrentan a penas de muchos años de cárcel es porque, a diferencia de lo que sucedió 9-N, durante esa consulta liberticida hubo violentos enfrentamientos con la Policía y posteriormente se produjo una igualmente ilegal declaración de independencia. Eso, por no recordar que esta vez el Ministerio Público sí ha querido ver el delito de malversación de fondos públicos que no quiso ver en el juicio por el 9-N.
Así las cosas, y dada la persistencia en el golpismo de los barandas de la Generalidad, no se puede más que aplaudir al PP de Pablo Casado por idear una propuesta de ley para volver a castigar con penas de cárcel la mera convocatoria de referéndums ilegales, tal y como se hizo en tiempos de Aznar y tal y como UPyD pretendió que se volviera a hacer en 2012-2013. Esta felicitación debe ser extensiva, obviamente, a las formaciones que, como Ciudadanos, Foro Asturias y UPN, han secundado la propuesta.
Aunque haya sido rechazada por el PSOE, los separatistas y la extrema izquierda podemita partidaria del mal llamado derecho de autodeterminación, su presentación en el Congreso ha servido para que se vea que el alineamiento del PSOE con las formaciones que quieren dinamitar el régimen constitucional no es coyuntural sino una apuesta de gobierno.
Finalmente, hay que señalar lo oportuna que sería esa reforma del Código Penal en el caso de que la mayoría que auguran las encuestas a la suma PP-Ciudadanos-Vox no se tradujera, por mor del sistema electoral, en una mayoría igualmente absoluta en el Senado, único lugar desde donde se podría activar el artículo 155 para evitar que se puedan perpetrar nuevos 1-O desde Administraciones regionales.