La renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frustrado el vergonzoso reparto que habían pactado el PSOE y el PP en el órgano de gobierno de los jueces. Es una buena noticia que no debe ocultar el fondo de sordidez de un acuerdo entre un PSOE aupado al poder por los golpistas catalanes y los comunistas proiraníes y un PP que se disponía a volver a las andadas del rajoyismo más suicida rastrero.
De los socialistas acaudillados por Sánchez nada cabe esperar: ni siquiera son capaces de disimular sus tendencias totalitarias y su colosal irresponsabilidad. En cambio, quedan mucho menos claras las razones del PP para un pacto por el que entregaba la Justicia a lo más radical y sectario de la izquierda. Casado llegó a la Presidencia del PP, precisamente, para acabar con enjuagues así, que son una afrenta a la democracia y un ejemplo de corrupción mucho más grave que el representado por los casos a los que se dedican decenas de portadas.
La rectificación forzada de este martes deja muy tocados a algunos de los portavoces populares, que habían defendido con denuedo el apaño indefendible, y es dolorosa políticamente hablando, pero mucho mejor que lo que iba a ser la enésima traición a los principios y votantes del partido de Casado, y encima ya sin un Rajoy de por medio al que cargar el muerto.
Con la ruptura del pacto de la infamia y la imposibilidad de llegar a una nueva componenda –parece que por fin el PP se ha dado cuenta de que ni puede ni debe acordar nada con este PSOE– se conjura igualmente una peligrosa maniobra para desestabilizar la sala del Supremo que ha de resolver uno de los juicios más importantes de la democracia: el que sentará en el banquillo a buena parte de los autores del intento de golpe de Estado separatista.
Sólo queda desear que el gesto de Marchena sea un ejemplo y jueces y fiscales asuman que la mera connivencia con pactos así conlleva un descrédito del que es prácticamente imposible recuperarse. Si ningún juez se prestase a ser marioneta de los políticos, el asalto a la división de poderes que pergeñó el PSOE en 1985 moriría de muerte natural, y con él terminarían más de tres décadas de una práctica descaradamente inconstitucional que provocado grandes daños a la democracia.