Que Dolores Delgado reúne las condiciones técnicas básicas para ser nombrada fiscal general del Estado es algo que no se puede discutir: tiene años suficientes de carrera y mucha gente asegurará que atesora "reconocido prestigio" profesional, requisito que no deja de ser bastante subjetivo.
Por lo tanto, para afirmar tal obviedad no era necesario que se reuniese una veintena de magistrados y juristas: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió emitir un dictamen evaluando la idoneidad para el cargo de una fiscal que ha pasado los últimos 18 meses como ministra de Justicia –con una gestión extremadamente polémica– y que, para colmo, aún es diputada.
El CGPJ debería haber dicho lo que ha de decirse respecto a si debe ser la jefa del Ministerio Público una persona que, siendo fiscal nada menos que en la Audiencia Nacional, tuvo conocimiento de delitos gravísimos y no sólo no los denunció, sino que proporcionó a una red de extorsión datos sensibles de miembros destacados del Poder Judicial.
Carlos Lesmes –cuyas intenciones ya habían quedado claras en la previa a la reunión del martes, cuando pidió que sólo se hiciese un examen técnico del asunto– ha presidido un nuevo acto de cobardía de un estamento judicial que vive preocupado por no incomodar al Gobierno de turno, lo que le va a llevar a ser laminado por un Ejecutivo que ya no se conformará con influir en decisiones concretas, sino que pretende hacer de la Justicia un elemento más de su proceso revolucionario.
Dolores Delgado es el peor asalto perpetrado contra la Fiscalía, y la obligación del CGPJ era no avalar la fechoría del Gobierno social-comunista; pero, una vez más, se ha impuesto la cobardía: no han sido capaces de tener un mínimo de dignidad en un dictamen que ni siquiera era vinculante.
Los políticos llevan décadas mangoneando en la Justicia, y los partidos deben ser criticados sin piedad por ese empeño, abiertamente contrario a la separación de poderes, tal y como puede entender hasta el más torpe estudiante de primero de Derecho. Pero durante todo este tiempo los miembros del Poder Judicial no se han distinguido por una lucha feroz contra semejante injerencia, sino más bien por una sumisión en la que, desgraciadamente, numerosos jueces y fiscales cifran su promoción profesional.
Este jueves hemos vivido un nuevo capítulo de esta historia de indignidad, y ya no basta con señalar sólo a los partidos: los doce miembros del CGPJ que han aprobado a Delgado, Carlos Lesmes y los dos vocales que ni tan siquiera se han presentado en la reunión son también responsables y merecedores de oprobio.