El idioma español no está bien visto en algunas zonas de España. En el País Vasco puede constituir incluso un problema para los estudiantes que optan por el Modelo A, en el que el vasco no está por encima del español. La Selectividad se ha visto enturbiada en la región por la acción concertada de los profesores encargados de corregir las pruebas de vasco de alumnos procedentes de centros despectivamente tachados de "españoles", aquellos institutos donde el español es vehicular aunque también se enseñe en la lengua vasca.
Según muchos estudiantes y no pocos profesores, los docentes correctores han endurecido los criterios, elevado el listón y suspendido a destajo con el propósito de reventar las opciones universitarias de quienes no muestren un dominio absoluto de ese idioma. Se ha tratado de un aviso en toda regla con el que las autoridades académicas vascas pretenden arrinconar el español para poner en valor el "euskera". Nada que no se haya experimentado ya en Cataluña con lamentables resultados académicos y sociales.
La primera consecuencia de la purga lingüística en los exámenes de Selectividad en el País Vasco es la práctica expulsión de la región de miles de estudiantes obligados a cursar estudios superiores en universidades libres de separatismo y odio a España. La previsible fuga de talento es algo que no preocupa al Gobierno regional, en manos del PNV, porque en realidad le favorece. Se trata de imponer el vasco a cualquier precio aunque ello implique el deterioro de la enseñanza y la marginación de los alumnos cuya lengua materna es el español, la mayoría tanto en el País Vasco como en Cataluña.
Las imposiciones lingüísticas separatistas en una región como en otra cuentan con el favor del Gobierno de España, cómplice de la discriminación de los hispanohablantes y de la vulneración de principios elementales en el acceso, por ejemplo, a la función pública. Las autoridades regionales vascas y catalanas mienten cuando afirman que su intención es preservar sus lenguas y evitar su extinción. El verdadero propósito de sus políticas lingüísticas es acabar con el español y con sus hablantes, convertirlos en inadaptados marginales, hacer su vida imposible mientras las escuelas producen generaciones y generaciones de analfabetos en español medio funcionales en vasco o catalán.
No reparan en gastos y cuentan además con una suerte de impunidad absoluta a la hora de despreciar los pronunciamientos judiciales a favor del bilingüismo, ya sean de la justicia en España o en Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de inadmitir una denuncia de Omnium Cultural en la que se instaba a anular el 25% de español en la enseñanza obligatoria en Cataluña. Los jueces de Estrasburgo han fallado por unanimidad que al ser Cataluña una región bilingüe se tiene que respetar esa mínima cuota de español porque de lo contrario se vulneraría la igualdad de oportunidades de millones de alumnos. Es más, se han referido a la condición de idioma "oficial" del español en Cataluña. La mera mención de ese detalle causa carcajadas a los separatistas. En Cataluña el único idioma oficial de verdad es el catalán. Sin acreditar su conocimiento no se puede aspirar a la mayoría de los empleos públicos.
La primera reacción ante la sentencia del TEDH del consejero catalán de política lingüística, un exalto cargo de ERC adoptado por el PSC de Salvador Illa, ha sido afirmar con un pavoroso desahogo que la sentencia no tendrá ningún efecto práctico. Es decir, que en Cataluña se seguirá incumpliendo la ley porque ese 25% no se aplica en ningún centro público y en casi ninguno de los concertados. De hecho, la enseñanza en español en Cataluña es una cuestión privada para las familias que se lo pueden permitir porque para la Generalidad y para la mayoría de los partidos es un idioma extranjero. Pero extranjero por detrás del árabe, el urdú y el tagalo, idiomas más frecuentes en las campañas propagandísticas de la Generalidad y los ayuntamientos que el español.
La adopción por parte del Gobierno autonómico vasco de los criterios lingüísticos del Gobierno autonómico catalán augura graves dificultades para los ciudadanos hispanohablantes del País Vasco, más limitaciones, exclusiones y discriminaciones, las mismas tensiones que en Cataluña y las mismas vulneraciones de derechos.