El mundo al revés: así se puede y se debe describir el surrealista protocolo de actuación que el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por la fanática Ada Colau con la inestimable ayuda del PSC, ha dirigido a la Policía local para que proteja a los sujetos que hayan ocupado de manera ilegal un inmueble frente a sus víctimas, es decir, los legítimos propietarios o los arrendadores del mismo, cuando traten –bien personalmente, bien por medio de terceros– de desalojarlos de manera "extrajudicial".
Según el "procedimiento operativo 11/17", firmado por el jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Evelio Vázquez, y remitido a los mandos de ese cuerpo el pasado 28 de febrero, las patrullas de la Policía barcelonesa deberán "comprobar que las personas desalojadas lo están siendo en contra de su voluntad por cualquier medio o procedimiento al margen de un procedimiento legal y ajustado a derecho, como por ejemplo coacciones". Entonces, "deberán evitar" que la víctima del despojo, es decir, el legítimo propietario –o la empresa por él contratada–, pueda llegar a materializar su deseo mediante el desalojo del delincuente, el cierre de la propiedad o el cambio de cerradura de la misma.
La situación no puede ser más orwelliana: un ayuntamiento ordena a sus fuerzas del orden que se pongan al servicio de quienes usurpan una propiedad y en contra de quienes padecen la usurpación. Clamorosamente, quienes actúan de forma no ajustada a derecho son los okupas, que de hecho perpetran un delito de usurpación, tipificado como tal en el Código Penal.
El protocolo de actuación de Colau es tan ominosamente contrario a derecho que bien podría conducir a que propietarios y delincuentes se disputen ante la Policía la condición de okupas, pues les otorga el derecho a permanecer en la propiedad okupada con protección policial hasta que una resolución judicial determine quién debe ser desalojado. Una resolución judicial que, independientemente del tiempo que tardase en emitirse, podría quedar en papel mojado una vez que el delincuente volviera a ocupar ilegalmente la propiedad, sabedor de que podría permanecer en ella hasta que una nueva resolución judicial ordenase un nuevo desalojo.
En un Estado de Derecho digno de tal nombre, la Policía debería requerir a quien afirmase estar siendo desalojado a la fuerza de una propiedad la documentación que le permitiera ocuparla conforme a derecho. Si no la tuviera, debería ser expulsarlo inmediatamente del lugar, con independencia de que pudiera hacer las reclamaciones judiciales que considerase oportunas. Claro que, en un Estado de Derecho digno de tal nombre, la alcaldesa de Barcelona o el responsable directo de haber dado semejante orden habrían sido ya denunciados por un escandaloso delito de prevaricación.