Las fuerzas separatistas de Cataluña culminaron este lunes la primera etapa de su proyectado golpe de Estado con el anuncio del nacimiento de la República Catalana. Por 73 votos a 62, el Parlamento regional declaró el inicio del proceso, que, más allá de sus nulos efectos jurídicos, tiene una resonancia política incuestionable.
En Libertad Digital hemos advertido de la gravedad de este golpe de Estado desde que los nacionalistas comenzaron a dar pasos en esa dirección, hace ya más de tres años. Mientras las fuerzas políticas nacionales y la mayoría de los medios de comunicación prefirieron engañarse a sí mismos y a los demás haciendo ver que se trataba de una bravata más, aquí hemos venido denunciado con firmeza los sucesivos jalones del plan separatista como hechos intolerables que el Gobierno tenía que haber cortado de raíz.
Lejos de ello, cuando la apuesta secesionista llegaba a niveles obscenos, como en el simulacro de referéndum del que se cumple ahora un año, la estrategia del presidente del Gobierno fue contemporizar con los golpistas aludiendo a la necesidad de mantener una supuesta proporcionalidad en la respuesta del Estado. Pues bien, el resultado de esta inacción gubernamental es esta declaración unilateral del Parlamento regional catalán que hace saltar por los aires la soberanía nacional y destruye el orden constitucional.
La impunidad con la que están actuando las autoridades catalanas pone de manifiesto precisamente esa desproporcionalidad que tanto temía Rajoy, pero justo en sentido contrario. Así, mientras los partidos separatistas y el Gobierno regional se ponen obscenamente fuera de la ley, Rajoy ha decidido limitarse a evacuar consultas al Tribunal Constitucional, para más inri con un día de retraso, porque la rebelión parlamentaria ha coincidido con una festividad local.
¿Qué tiene que pasar para que el Gobierno haga honor a su responsabilidad como garante del orden constitucional? Rajoy tiene en su mano todos los mecanismos necesarios para evitar que las astracanadas nacionalistas lleguen a extremos irreversibles. En el terreno puramente legal, Rajoy dispone de argumentos más que suficientes para poner en marcha mecanismos constitucionales como los previstos en el artículo 155, cuyos redactores, con total seguridad, jamás imaginaron que un Gobierno de España daría lugar a que el golpismo separatista llegar a los extremos actuales. En el plano económico, el Ejecutivo de Rajoy ha tenido siempre en su mano dejar caer a los separatistas en la sima de la corrupción y el despilfarro: basta con aplicar los principios recogidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y administrar el Fondo de Liquidez Autonómica con lealtad a los intereses generales.
Rajoy ha renunciado a actuar como corresponde a un presidente del Gobierno; como si el mero hecho de su presencia en La Moncloa bastara para apaciguar a una clase política tan corrupta como insensata y desleal. La consecuencia es que los partidarios de la secesión siguen ofendiendo a todos los españoles y a más de la mitad de los catalanes con absoluta y obscena impunidad.