El Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos arranca el curso político con la agenda marcada por el indulto del delincuente condenado José Griñán, uno de los cientos de protagonistas principales del mayor escándalo de corrupción en la Europa democrática y liberal, un golpe a los fondos públicos que los jueces han cifrado por lo bajo en más de setecientos millones de euros. Una caso de esas características y el consecuente fallo judicial hubieran resultado letales para el Gobierno de turno y sólo hay que remontarse a la sentencia del caso Gürtel, de mucha menor cuantía, ínfima en comparación con la trama del gobierno socialista de Andalucía, para comprobar los posibles efectos políticos de la corrupción.
Sin embargo, el actual Gobierno ha entrado en una deriva de tal magnitud que las condenas para los prebostes socialistas por una gigantesca trama de expolio de los fondos públicos puede parecer una cuestión de segundo orden en comparación con los tratos del Ejecutivo con los herederos de los asesinos etarras y los autores del golpe contra la democracia de 2017.
Pedro Sánchez está dispuesto a ejercer sus prerrogativas e indultar a Griñán del mismo modo que indultó a los golpistas para garantizarse su apoyo, alcanzar el poder y mantenerse en la Moncloa. A tal efecto ha empeñado su palabra, que en este caso sí que vale, y desplegado a su tropa para proclamar por las esquinas que los dos expresidentes de la comunidad andaluza condenado por el gran robo del siglo XXI no se han lucrado con los dichos ERE.
Miente Sánchez y mienten todos los dirigentes socialistas que han abrazado la tesis de que los ERE andaluces fueron una forma de surfear las crisis provocadas por ellos mismos. El caso fue el exponente más crudo de la actividad extractiva de políticos y altos cargos del PSOE, una depurada forma de robo de ingentes recursos procedentes los ciudadanos, un atraco en toda regla, un ejemplo redondo de corrupción político a cargo de unos tipos que habían convertido la administración pública de Andalucía en su cortijo, en su chiringuito, en su finca particular.
Como en las operaciones propagandísticas de manual, el PSOE, con el silencio cómplice de Podemos y los separatistas vascos y catalanes, pretende cerrar el caso con el indulto del condenado que afronta un ingreso en prisión, el antedicho Griñán. La operación revela que ese delincuente no era más que un peón que debe tener material suficiente como para destruir al Partido Socialista, con amplios antecedentes criminales, por los siglos de los siglos.
Sánchez es tóxico, pero no más que el llamado PSOE "auténtico", que incluye en su seno a una caterva de delincuentes que han ejercido su oficio, la delincuencia, bajo el amparo de los Gobiernos de su partido. Cualquier apoyo al indulto de los condenados por el caso de corrupción de los ERE en Andalucía es un voto a favor del régimen autoritario que trata de implantar el sanchismo. Griñán debe cumplir la pena impuesta por la Justicia igual que la deberían haber cumplido los golpistas catalanes. Cualquier otra cosa nos conduce inapelablemente a la implantación de un régimen totalitario.