Desde un comienzo ya sostuvimos desde estas páginas que el principal obstáculo para la ilegalización de Bildu –ese instrumento de ETA para copar las instituciones–, no era la falta de evidencias que demostraran la conexión entre la marca blanca de Batasuna y la banda terrorista, sino la oposición, declarada o encubierta, del Ejecutivo a promover la acción de la Justicia.
Por fortuna, el clamor social de las víctimas, esa rebelión cívica que desde un primer momento impulsó Francisco José Alcaraz para frenar –otra vez– el proceso de rendición del Estado de Derecho ante los terroristas, consiguió que el Gobierno tratara, al menos, de guardar las apariencias solicitándole la impugnación del 100% de las listas de Bildu. La jugada de Rubalcaba era clara: repetir con Bildu lo mismo que cuatro años antes habían hecho con ANV. A saber, que el Supremo tuviera que decidir, no si la sucesora de Batasuna era un instrumento al servicio financiero, informativo y propagandístico de ETA, sino si cada una de las 254 listas, en función de su mayor o menor "contaminación", servían a los propósitos de la banda.
Sin embargo, el Ejecutivo cometió un error a la hora de atarle las manos al Supremo: a diferencia de ANV, de la que se impugnaron sólo algunas de las listas, con Bildu impulsó la ilegalización de todas ellas. Gracias a ello, el Supremo ha podido optar por la difícil pero factible vía que ya avistábamos la semana pasada consistente en entender que si la Fiscalía y la Abogacía del Estado le pedían un pronunciamiento sobre la totalidad de las candidaturas, ello le habilitada a dilucidar si Bildu, como partido, estaba sometido a los dictados de ETA.
Al final, pues, se ha impuesto no sólo el sentido común, sino también, y más importante, el Estado de Derecho. No se ilegaliza ninguna idea ni ningún planteamiento político, sino sólo uno de los tentáculos con los que ETA continuaba amenazando a los españoles. Por primera vez, los satélites políticos de la banda estarán fuera de todas las instituciones a la vez, tanto de los parlamentos como de los consistorios vascos y navarros.
Un hecho que debería de suponer la puntilla de una organización criminal extremadamente debilitada y acorralada: en circunstancias normales, a los etarras no les quedaría otro remedio que disolverse y ser encarcelados. Sin embargo, hay un elemento que continúa dando oxígeno y esperanza a ETA; un elemento que la incentiva a no cejar en sus actos y amenazas criminales: la apertura del proceso de negociación con el Gobierno. Puede que estén más mermados que nunca, pero merced al Ejecutivo de Zapatero también se encuentran más cerca que nunca de lograr sus objetivos.
Podemos y debemos celebrar, sí, la decisión del Supremo, que es la única que podía ser en auténtico régimen de libertades: pero, con todo, debemos continuar vigilantes. Si los actuales dirigentes socialistas se siguen negando a que haya "vencedores y vencidos", las derrotas de hoy deberán ser compensadas con las victorias de mañana.