La propuesta socialista de empotrar a Bildu y ERC en la Comisión de Secretos Oficiales es la enésima fechoría del PSOE, más que dispuesto a poner en jaque el orden constitucional con tal de seguir en el poder. Solo un partido que ha perdido todos los escrúpulos y ligado su destino a un arribista como Pedro Sánchez puede hacer una propuesta así, que dejaría al Estado a los pies de sus peores enemigos.
El Gobierno social-comunista, necesitado del apoyo parlamentario de los grupos separatistas para estirar lo máximo posible la legislatura, pretende dar carpetazo al escándalo fabricado por los golpistas catalanes a cuenta de un presunto espionaje a sus líderes haciendo concesiones impensables para cualquier gobernante con un mínimo sentido de Estado.
Pero no se trata solamente del escandaloso despropósito de que los enemigos de la Nación formen parte de una comisión parlamentaria donde se conocen y debaten asuntos estratégicos del mayor calado, algo que de por sí descalifica al Gobierno y al PSOE. Es que la presencia de golpistas y proetarras en un órgano donde se maneja información reservada, también de carácter internacional, convertiría a nuestro país en un apestado en las instituciones comunitarias y atlánticas y lo dejaría como un socio indigno de confianza del que no cabe esperar la menor lealtad.
Los demás países ya saben a qué atenerse con el Gobierno de Sánchez, formado por comunistas y apoyado por proterroristas y golpistas, precisamente en unos momentos en que la comunidad internacional reclama unidad para poner freno al criminal de guerra Vladímir Putin. España, para vergüenza de la inmensa mayoría de sus ciudadanos, tiene un Gobierno integrado y apoyado por movimientos radicales que defienden al tirano ruso y tratan de socavar la respuesta unitaria de las democracias en pro del pueblo ucraniano. No satisfecho con eso, Sánchez quiere ahora acabar con la integridad de una de las comisiones parlamentarias más sensibles, que quedaría completamente inservible si acogiera a dichos indeseables.
Solo la exigencia de una mayoría cualificada en el Congreso para aprobar semejante ultraje puede evitarnos la vergüenza de ver a bildutarras y golpistas sentados en una comisión que decide sobre temas de seguridad nacional o actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Hará bien la oposición en prestar especial atención los próximos días a las maniobras de la presidenta del Congreso que, con toda seguridad, intentará desactivar esa traba reglamentaria para ponerse al servicio de Sánchez y sus enjuagues con los principales enemigos de España.