La primera jornada del juicio contra el sedicioso Artur Mas y dos de sus consejeras por el referéndum ilegal del 9-N se ha saldado con el cobarde rechazo de cualquier responsabilidad por parte de los tres acusados. Artur Mas admitió estar detrás de la idea del referéndum, pero achacó a los voluntarios de las asociaciones independentistas la ejecución directa de la consulta liberticida. Joana Ortega y Irene Rigau siguieron el mismo guión infame y también eludieron cualquier responsabilidad, a pesar de que la referida votación se llevó a cabo con medios pertenecientes a la Generalidad y gestionados por sus respectivos departamentos.
La actitud de Mas y sus segundonas refleja nuevamente la cobardía de los golpistas cuando tienen que asumir las consecuencias de sus desmanes. Por desgracia, rara vez se tienen que ver en esa tesitura.
El tercermundista y liberticida aquelarre del 9-N no fue un suceso aislado. En los últimos años, el secesionismo ha perpetrado ilegalidades sin cuento y desafiado a la Justicia con escandalosa impunidad, ante la indiferencia rayana en la complicidad del Gobierno de la Nación. Por culpa de esta connivencia tácita, tan cobarde, los españoles están financiando el golpe de Estado que desde las propias instituciones del Estado está dando el separatismo catalán. Repugnante y vergonzoso.
El propio Artur Mas ha dejado claro el infausto papel del Gobierno Rajoy en el único gesto de sinceridad que ha tenido a lo largo de su deposición. Y es que, en efecto, la consulta ilegal y golpista se llevó a cabo porque el Gobierno no la impidió. Ni más ni menos. Rajoy trasladó su vez su propia responsabilidad como garante del Estado de Derecho al Tribunal Constitucional, que saldó con una advertencia por escrito su participación en este asunto.
La cobardía de los secesionistas corre pareja a la del Gobierno. Ambos son responsables del circo organizado en torno a un juicio que, dado su cariz político y la funesta politización de la Justicia, se saldará con penas irrisorias para los acusados, si es que los magistrados se atreven siquiera a eso contra enemigos activos y declarados de la Nación que, en un acto de traición especialmente grave, se han servido de su condición de servidores del Estado para tratar de hacer saltar por los aires el propio Estado junto con su régimen de libertades.