Hizo muy bien Vox al registrar el pasado mes de agosto en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para modificar el inicuo sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y acabar con lo que acertadamente considera una impresentable "injerencia de los partidos" y una forma de "corromper la independencia del Poder Judicial", por recurrir a las palabras de Javier Ortega Smith.
Muy distinta debe ser la valoración de la reacción, aparentemente pragmática, del partido liberal-conservador ante la realidad de que ese sistema que enfeuda el Gobierno de los jueces al poder político no se va a modificar, por mucho que los partidarios de resucitar a Montesquieu renunciasen a participar en él. Y es que, sorprendentemente, Vox ha decidido participar "activamente" en una negociación con el PSOE para la renovación del CGPJ, cuyos miembros llevan largo tiempo en situación de interinidad y cuya composición actual es fruto de un despreciable cambalache pergeñado hace más de un año por el PSOE y por el PP, que se repartieron a partes iguales la designación de los 20 vocales.
Ante esta situación, y dadas las evidentes pretensiones de Pedro Sánchez de hacer del Poder Judicial una mera correa de transmisión del Poder Ejecutivo, cabe plantearse si es preferible que el PSOE negocie la mayoría cualificada necesaria para la renovación del CGPJ con sus aliados comunistas y separatistas o, como mal menor, que lo haga con las formaciones constitucionalistas ubicadas a su derecha, a fin de que los vocales del CGPJ tengan un perfil lo menos escorado posible a la izquierda. Ante esta tesitura, y habida cuenta de la composición del Parlamento, no menos legitimo es plantearse si es preferible bloquear la renovación del CGPJ –tal y como ha pasado a hacer el PP– y, en lugar de participar en un nuevo cambalache con el tramposo Sánchez, dar continuidad al vigente, menos lesivo que lo que lo sustituyera si el presidente social-comunista logra dividir a la derecha en este asunto trascendental.
A diferencia de la mayoría simple que se requiere para nombrar al presidente del Gobierno, la renovación del CGPJ exige una mayoría de tres quintos, por lo que la unidad de criterio entre PP, Vox y Ciudadanos sería absolutamente decisiva tanto para negociar con el PSOE, tal y como unilateralmente proponen los de Abascal, como para mantener en funciones a los vocales que designaron en su día PP y PSOE, tal y como proponen los de Casado.
Lo que no es de recibo es que los dos principales partidos de la oposición no desarrollen conjuntamente una estrategia para abordar esta cuestión, en la que presumiblemente echará el resto un Ejecutivo tremendamente mediatizado por comunistas, proterroristas y golpistas.
Una cosa es que una formación como UPyD, con cinco diputados, renunciase en su día a su cuasi nulo poder de influencia sobre la composición del CGPJ y otra muy distinta que lo haga un partido con 50 diputados que lo que no quiere es que su posición de principios se traduzca en que todos menos él tengan poder de decisión. Dicho esto, Vox debería imponerse el deber de no hacer el imperdonable papelón de tonto útil del peor PSOE y afanarse por llegar a un acuerdo con el PP, antes que negociar nada por su cuenta con un sujeto tan carente de principios y escrúpulos como Pedro Sánchez.