Este próximo miércoles 20 de marzo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidirá sobre el futuro de la denominada Doctrina Parot, una modificación legal que permitió que a los terroristas de ETA dejaran de salirles gratis la mayoría de sus asesinatos. En esencia, la actual interpretación de la ejecución de las sentencias, puesta en marcha tras el juicio al terrorista Henri Parot, consiste en aplicar la disminución de las penas por estudios o trabajos al total de años de la condena, en lugar de hacerlo respecto al máximo de tiempo que se puede estar en la cárcel en España como venía ocurriendo hasta entonces.
La etarra Inés del Río recurrió esta doctrina ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, gracias a que Sortu le ha pagado el abogado, con el resultado de que el citado tribunal le dio la razón en una primera instancia, fallo que ha impugnado el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo recurso tiene ahora que resolver el mismo tribunal.
El proceso jurídico que ha de culminar esta próxima semana adquiere tintes dramáticos porque si el tribunal europeo vuelve a dar la razón a la terrorista de ETA el Ejecutivo español se vería obligado a derogar esta doctrina judicial, lo que haría que casi de inmediato fueron excarcelados 60 etarras, muchos de ellos, los más sanguinarios de la banda, con múltiples víctimas en su historial criminal y condenas que superan en todos los casos los mil años de cárcel. Pero lo sustancial del caso, en términos jurídicos, no es ya el ultraje que una decisión de este tipo supondría para las víctimas del terrorismo y la sociedad española en general, sino el fraude que se produciría al anular una interpretación de la aplicación de las sentencias penales que es perfectamente coherente con el espíritu de la ley.
De hecho es la llamada doctrina Parot la que ha permitido a lo largo de todos estos años castigar los más graves delitos cometidos de acuerdo con las sentencias de los tribunales, eliminando la perversión existente hasta ese momento que permitía reducir el castigo hasta extremos ridículos, de forma que asesinos condenados a tres mil años de cárcel estaban de nuevo en la calle antes siquiera de pasar una década completa entre rejas.
Al calcular la reducción de las condenas sobre el total de la sentencia y no sobre el máximo de 30 años de estancia en prisión, el gobierno no está torciendo la ley como interpretan los asesinos de ETA y los magistrados del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino, muy por el contrario, haciendo cumplir precisamente el castigo impuesto por los tribunales españoles y evitando que el asesinato de inocentes en España salga prácticamente gratis como ocurría hasta hace bien poco.
Por más que vociferen los terroristas y los representantes de su brazo político, en España no se vulneran los derechos de los presos, terroristas o no, que han tenido un juicio justo con todas las garantías y tutelas exigibles a un Estado de Derecho. Los etarras con delitos de sangre están cumpliendo las condenas que los tribunales les impusieron, con una gestión penitenciaria que las instancias europeas deberían apoyar en lugar de someter a cuestión con argumentos que repugnan al mero sentido común.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene esta semana la ocasión de hacerse merecedor de ese título, rechazando los argumentos espurios esgrimidos por asesinos terroristas para evitar el castigo que sus acciones merecen. Sus magistrados tienen ahora la palabra.