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La ilegalidad se blinda en Cataluña

La pelota vuelve al tejado del Gobierno central y a su incómoda responsabilidad de hacer cumplir la Ley.

EDITORIAL
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Tal y como presagiaban los insultos y la nula voluntad de acatamiento que los nacionalistas ya habían dirigido a la Ley Wert, la reunión que la Generalidad ha mantenido este martes con los partidos nacionalistas y el PSC ha servido para hacer un frente común contra la misma y utilizar el estatuto de autonomía como supuesto amparo legal a su anunciada y pública determinación de no acatar una legislación que otorga a los catalanes una cierta vía de escape a la coactiva e inconstitucional inmersión lingüística que se perpetra en Cataluña.

Por mucho que los nacionalistas hayan querido ser más suaves en las formas y dar cierto un aire de legalidad al texto que han consensuado, la reunión de marras no ha servido más que para "blindar un sistema educativo declarado ilegal", tal y como ya pronosticaba pocas horas antes de celebrarse el líder de Ciutadans, Albert Rivera. Y efectivamente así ha sido, porque la parte del estatuto a la que apelan los nacionalistas en su "propuesta de modificación" es precisamente la que el Tribunal Constitucional declaró incompatible con nuestra Carta Magna.

No hay que olvidar, por otra parte, que la oposición de los nacionalistas al proyecto de Wert no sólo se basa en la cuestión de la lengua, sino en su negativa a conceder una mayor capacidad de decisión al Estado sobre las asignaturas y el volumen total del currículo, que con la Ley Wert aumentaría del 65 al 75% para las comunidades autónomas sin lengua cooficial y del 55 al 65% en las comunidades con lenguas cooficiales.

Ni que decir tiene que esta oposición de los nacionalistas por supuesta invasión de competencias también constituye en realidad una abierta oposición a la misma Constitución, que deja muy claro en sus artículos 27, 146 y 147 que el desarrollo del derecho a la educación está reservado al Estado, que es el Estado el que fija las condiciones de obtención de títulos académicos y profesionales, lo que implica, entre otras cosas, la ordenación general del sistema educativo y la fijación de las enseñanzas mínimas. Los estatutos de autonomía no pueden invadir competencias estatales cuando especifican las competencias que asumen, ni siquiera legislar sobre materias de su competencia con normas y reglamentos si no es a partir de la legislación estatal básica. Y esto es precisamente lo que los nacionalistas se han saltado a la torera en Cataluña y lo que pretenden blindar ante los tímidos proyectos de reforma del ministro.

De hecho, si algo cabe reprochar al ministro de Educación es precisamente su escasa ambición a la hora de recuperar para el Estado competencias que han sido usurpadas por los nacionalistas, así como la vergonzosa y aparatosa vía elegida para que los catalanes que así lo deseen puedan también estudiar en español mediante conciertos con colegios privados.

Los nacionalistas han dejado muy claro, en cualquier caso, que este proyecto del Gobierno del PP también supone para ellos cruzar aquellas "líneas rojas" que Artur Mas marcó durante la primera entrevista que mantuvo con Rajoy como presidente del Gobierno. La pelota vuelve, pues, al tejado del Gobierno central y a su incómoda responsabilidad de hacer cumplir la ley. Teniendo presente que el acomplejado y aparatoso mecanismo que la Ley Wert contempla en su insuficiente defensa del castellano surgió precisamente de la omisión por parte de Rajoy y de la Fiscalía General del Estado del deber de hacer cumplir a la Generalidad las sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, todo apunta a que el presidente del Gobierno también dejará que las comunidades autónomas cumplan a la carta o de forma asimétrica la Ley Wert.

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