Como estaba previsto, la Infanta Cristina acudió ayer a los juzgados de Palma para responder ante el juez de las acusaciones de delito fiscal y blanqueamiento de capitales en el marco del caso Nóos. Con un fuerte despliegue de seguridad para evitar altercados, Doña Cristina acudió a cumplir el trámite judicial en medio de la lógica expectación mediática por la relevancia institucional de la acusada y la gravedad de los delitos que se le imputan.
Por más que desde el Gobierno y la Casa Real se insista en que la hija del Rey se ha sometido a la acción de la Justicia como cualquier otro imputado, lo cierto es que la comparecencia de la Infanta ha estado rodeada de unos privilegios que desmienten por completo el mensaje tantas veces repetido de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Además del inaudito posicionamiento de la Fiscalía y la Agencia Tributaria en defensa de una persona acusada de graves delitos económicos, la Infanta ha disfrutado de unas comodidades nada habituales durante su declaración, incluida la decisión el juez de impedir la grabación en vídeo de sus respuestas a las numerosas preguntas a las que ha tenido que hacer frente. De esta forma se ha confirmado la existencia de unas prerrogativas a las que ningún otro justiciable tiene acceso en nuestro país.
También la actitud de la acusada durante el interrogatorio judicial ha refutado por completo esos presuntos deseos de colaborar con la Justicia aventados por su defensa, según la cual la Infanta estaba más que dispuesta a esclarecer hasta el último detalle su participación en las operaciones de la empresa de la que era dueña al cincuenta por ciento con su marido. Doña Cristina se limitó ayer a responder con evasivas a las preguntas del Juez y de las partes sobre asuntos concretos de los que forzosamente tenía que ser conocedora. La Infanta no recuerda prácticamente ninguno de los hechos probados que sustancian la acusación contra ella, y del resto de asuntos no tiene constancia alguna. Sorprende por tanto que los ilustres togados encargados de defenderla hayan pasado varios días preparando una declaración tan escueta que, sin caer en el exceso, podría ser tachada de verdadera tomadura de pelo.
En las únicas cuestiones de las que la Infanta Cristina sí reconoció tener constancia, su respuesta fue atribuir a su marido la responsabilidad de todas las decisiones que están siendo investigadas por el juzgado. De creer sus palabras, Iñaki Urdangarín fue el cerebro y el brazo ejecutor de las operaciones ficticias y presuntamente delictivas de las que la pareja está acusada, una traición en toda regla a la confianza necesaria entre cónyuges que sin embargo no ha menoscabado, al menos en apariencia, su relación matrimonial.
La Infanta Cristina no aclaró ninguno de los extremos investigados ni actuó con la franqueza y la buena disposición que se exigen a quien se proclama inocente de haberse aprovechado de su situación privilegiada para enriquecerse ilegalmente, que es, en esencia, la acusación que pesa sobre ella y su marido. Lejos de ello, la estrategia de la hija del Rey ha consistido en fingir ignorancia aprovechándose de unas prerrogativas inauditas en detrimento de la imagen de una Justicia que, a la vista de lo ocurrido ayer en los juzgados de Palma, desde luego no es igual para todos.