Una buena prueba de que los ultras de Podemos no vienen a regenerar el sistema democrático sino a tratar de dinamitarlo es su propuesta de regulación de los ya muy regulados medios de comunicación. Con la excusa de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información, proponen un sofocante y discrecional intervencionismo que tiene por referente las muy liberticidas leyes audiovisuales de Venezuela, Argentina y Ecuador.
Teniendo presente lo que la formación de Pablo Iglesias entiende por democratización, lo extraño es que no propongan abiertamente el modelo que rige en la denominada República Popular Democrática de Corea o el que regía en la extinta República Democrática de Alemania. En cualquier caso, el concepto de democratización que maneja Podemos es tan falaz que su camuflada voluntad de control y mordaza queda suficientemente de manifiesto en su propuesta de emular a los referidos países hispanoamericanos, que obtienen pésimas calificaciones en materia de libertad de prensa de instituciones como Reporteros sin Fronteras.
Bien está que Podemos critique la suerte de oligopolio que, desgraciadamente, padece el audiovisual español, debido al reparto político de licencias y a que el Gobierno decide en última instancia la compraventa o fusión de medios. Sin embargo, su alternativa no es liberalizar para que la ciudadanía decida, sino en reforzar mucho más el poder y la influencia del Estado, al que confieren el poder de determinar contenidos.
No es nueva la incoherencia colectivista de criticar monopolios, oligopolios y demás concentraciones de propiedad para proponer como solución la gran concentración liberticida, esto es, la nacionalización de los medios. La formación de Pablo Iglesias no se atreve –al menos por ahora– a proponer algo tan extremo y asegura no pretender que todos los medios estén bajo control del Gobierno. Pero lo cierto es que postula una "autoridad ciudadana" que garantice "la verdadera pluralidad e independencia de los medios" sin aclarar qué "autoridad ciudadana" sería esa, supuestamente "distinta" e "independiente" del Gobierno.
Es el respeto a la propiedad privada en un mercado abierto, sin barreras institucionales de entrada y de salida, lo que permite la dispersión y pluralidad de medios. Pero en Podemos no quieren eso. En Podemos quieren someter a la población a un régimen mediático de propaganda infecta y criminalización del adversario como el que padecen los venezolanos tiranizados por ese engendro patético que es el chavismo.
La libertad de expresión precisa de la propiedad privada, su puntal y baluarte. No es casual que los admiradores de las tiranías bolivarianas y peronistas no quieran oír hablar de ninguna de las dos.