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EDITORIAL

Los ERE andaluces como síntoma

Es un síntoma más de un Gobierno regional que hace tiempo devino en régimen hegemónico, incontestable y con ínfulas de impunidad absoluta.

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Un Expediente de Regulación de Empleo, más conocido por sus siglas ERE, es un procedimiento que concede la Administración cuando una empresa se ve obligada a realizar muchos despidos de una tacada. Actualmente, la Administración que ostenta la competencia de conceder o denegar un ERE es la autonómica a través de las consejerías de Empleo. Dichas consejerías estudian el ERE solicitado, fiscalizan la lista de personas incluidas y, si cumple con la normativa, el ERE se aprueba y se desbloquean los fondos públicos para costear las indemnizaciones y prejubilaciones pertinentes.

En Andalucía los ERE pasan antes por la consejería de Empleo de la Junta, a cargo hoy del socialista Manuel Recio y, hasta el año pasado, del también socialista Antonio Fernández, natural de Jerez, donde ejerció como asesor legal de UGT y CCOO y concejal de la corporación municipal. Bajo la batuta de estos dos hombres de confianza del presidente Griñán se han producido multitud de irregularidades en la concesión de diversos ERE. En todos los casos los expedientes presuntamente fraudulentos se han tramitado a través de la empresa pública IFA hasta que las atribuciones de ésta fueron transferidas a la Agencia Idea.

Ninguna de las dos pertenece a la Administración General de la Junta por lo que, de primeras, no reunían las garantías de imparcialidad necesarias en un cometido como el que les habían asignado. A pesar de todo, esta empresa ha contado con acceso a un multimillonario fondo, llamado "de reptiles", con el que se habría financiado la trama montada en torno a los ERE. Y no es ni un caso ni dos los registrados, sino un centenar que actualmente se encuentra bajo investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción, entretanto, no ha actuado, lo que da que pensar habida cuenta del color político del Gobierno autónomo andaluz.

El procedimiento en todos los casos es muy similar. Una empresa cercana al poder presenta un ERE con una lista determinada debidamente consensuada con los sindicatos mayoritarios. La consejería de Empleo aprueba el ERE y suelta el dinero. Aquí es donde empiezan a aparecer las irregularidades. Trabajadores despedidos que ya estaban jubilados, otros que se contratan deprisa y corriendo meses antes de presentar el ERE para que puedan beneficiarse de las indemnizaciones, otros que trabajaron en el pasado en la empresa pero que ya no lo hacen... en definitiva, listas fraudulentas y con mucho dinero por detrás que termina en los lugares y en los bolsillos más insospechados.

El olor a podrido del escándalo de los ERE es, a estas alturas, ya difícil de soportar. Aun sin el concurso de la Fiscalía Anticorrupción, la podredumbre va saliendo a flote, y con ella los nombres y filiaciones político-sindicales de sus responsables. Es un síntoma más de un Gobierno regional que hace tiempo devino en régimen hegemónico, incontestable y con ínfulas de impunidad absoluta. La corrupción en Andalucía no parece ser, como en otras comunidades autónomas, un episodio puntual que afecta a una parte muy concreta del tejido político. Se trata de algo estructural e inseparable del régimen que el PSOE ha forjado a lo largo de sus tres décadas largas de poder.   


 

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