Si se tiene presente que el castellano es la única lengua española que conocen todos los españoles y que el articulo 3.1 de la Constitución afirma claramente que es "la lengua española oficial del Estado" y que "todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla", resulta delirante que sean admitidas en Cataluña denuncias contra profesionales si se les ocurre dirigirse en español a los usuarios de un servicio público.
Con todo, aún es más deplorable el episodio de matonismo lingüístico vivido este miércoles en un ambulatorio de Barcelona a raíz de una reciente denuncia presentada por la madre de una discapacitada de 26 años contra una doctora por el hecho de no haber mantenido la conversación en catalán cuando les atendió en dicho centro médico: un grupo de individuos encabezados por el conocido radical separatista Santiago Espot, célebre por organizar los abucheos al Rey y al Himno Nacional en las finales de la Copa, irrumpía en las instalaciones y amenazaba al director médico por lo que ha tenido la desfachatez de considerar una inadmisible "discriminación".
Ni que decir tiene que si la Cataluña nacionalista no gozara desde hace años de una bochornosa –al tiempo que consentida– independencia de facto, la única denuncia admisible sería la que se pudiera dirigir contra el repugnante energúmeno supremacista que irrumpe violentamente en un centro hospitalario profiriendo amenazas y trata de "colonizadores" a todos los que hablen en español en Cataluña, a pesar de ser la lengua materna de más de la mitad de los catalanes.
Aun así, y por mucho que en otras regiones españolas no se haya llegado –todavía– a tal extremo de violaciones de los más elementales derechos de los castellanohablantes, no es menos lamentable que partidos como Cs y el PP, que parecían por fin decididos a defender sin reserva alguna el derecho a estudiar íntegramente en español en las escuelas, hayan dejado solo a Vox en su intento de tumbar la liberticida inmersión lingüística que también impera en los colegios baleares. La excusa dada por el PP para justificar su tibieza ha sido que, frente a la "derogación" que propugnaba la resolución de Vox respecto a la hispanófoba normativa que allí impera, era preferible hablar de "revisión" de dicha normativa, para que la lengua castellana y la catalana (que no mallorquina) tuvieran un estatus de igualdad. No menos patética ha sido la otra excusa dada por el PP para abstenerse: que Vox haya incluido en su propuesta un pin parental para que los padres que así lo deseen puedan liberar a sus hijos del infame adoctrinamiento que la llamada "ideología de género" está imponiendo en las escuelas. ¿Se puede saber qué tiene en contra de ese pin parental y contra la libertad que conlleva una formación como el PP, cuyos nuevos dirigentes –se supone– ya no mandan a liberales y conservadores –como en tiempos de Rajoy– a marcharse a otro partido?
Otro tanto se podría decir de Ciudadanos y de su acomplejada aceptación de la ideología de género si no fuera porque esta formación, en realidad, más que una abierta defensora de la libertad de elección de lengua ha sido siempre partidaria de una inmersión trilingüe, en castellano, inglés y en la lengua regional que corresponda. Pero una imposición por igual no es sinónimo de una misma libertad para elegir lengua vehicular de la enseñanza.
Así las cosas, y vista la deprimente división que se da en este asunto entre formaciones constitucionalistas llamadas a entenderse, no es de extrañar que la única lengua que comparten todos los españoles sea utilizada por unas radicales minorías para cercenar la libertad y la unidad de todos los españoles.