La "segunda generación de reformas" que anunció el presidente del Gobierno el pasado miércoles ya está en marcha. El Consejo de Ministros aprobó este viernes un paquete con más de 50 medidas para tratar de impulsar la contratación de jóvenes y la creación de nuevas empresas.
Para combatir la lacra del paro juvenil, superior al 50%, el Ejecutivo rebajará las cotizaciones sociales a las empresas que fichen a menores de 30 años; asimismo, crea dos nuevas figuras contractuales para fomentar, mediante bonificaciones, la contratación de jóvenes desempleados y sin experiencia profesional. A fin de incentivar la actividad empresarial, establece una tarifa plana de cincuenta euros en la cotización a la Seguridad Social, durante los primeros seis meses, para los nuevos autónomos menores de treinta años que monten un negocio, así como determinados incentivos fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para apoyar los nuevos proyectos. Por último, introduce una serie de medidas destinadas a facilitar la financiación de las empresas.
En líneas generales, el plan del Gobierno se centra en reducir la elevada fiscalidad que soportan autónomos y sociedades para que se animen a aumentar sus plantillas y, sobre todo, abran nuevos negocios. Se trata, sin duda, de medidas correctas y bien encaminadas. Todo lo que facilite la actividad empresarial es positivo para el país y por ende para el conjunto de los españoles. Ahora bien, cabe preguntarse por qué lo que es bueno y positivo para unos no lo es para otros. Resulta del todo arbitrario limitar dichas ventajas fiscales a los menores de 30 años y a los autónomos y empresas de nueva creación. Si el Gobierno defiende que una reducción tributaria de estas características favorecerá la creación de empleo y la generación de riqueza, debería extenderla más allá de los compartimentos estancos previamente configurados y limitados por el Estado. Asimismo, la introducción de nuevas desgravaciones y bonificaciones hacen todavía más complejo un sistema tributario ya de por sí ineficiente y caótico. Por ello, más allá de medidas concretas, que en el fondo actúan a modo de parche, es preciso llevar a cabo una profunda reforma fiscal con el fin de rebajar y simplificar el pago de impuestos de forma generalizada y permanente.
Lo mismo sucede en materia laboral. La creación de dos nuevos contratos para jóvenes no servirá para reducir de forma drástica las cifras de paro. España cuenta con una gran diversidad de contratos y una extensa regulación laboral, con un marco excesivamente intervencionista y caótico, pese a que la reforma aprobada por el PP el pasado año supuso un avance notable. Profundizar en la flexibilidad laboral y establecer un contrato único, tal y como vienen reclamando los expertos desde hace años, es la única receta capaz de reducir la tasa de desempleo a corto y a medio plazo.
En definitiva: España necesita menos parches y más libertad en materia económica, fiscal y laboral.