El Gobierno del PP ha consumado este viernes la traición a sus electores que comenzó en el fatídico Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011. Mariano Rajoy, que llegó a La Moncloa con la firme promesa de no subir los impuestos, ha elevado todos y cada uno de los tributos a su alcance, algunos de ellos en varias ocasiones. Y hoy, como remate, ha anunciado la creación de nuevas tasas, con la excusa medioambiental, y de un impuesto a los depósitos, que supuestamente pagarán las entidades bancarias.
De esta manera, con la batería de medidas anunciadas por Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, el Ejecutivo popular logra un triste récord: nunca antes en la historia de la democracia española un Gobierno subió tanto los impuestos en su primer año y medio de mandato. De hecho, tras ver lo ocurrido en estos 16 meses, resulta difícil imaginar un Gabinete socialista que hubiera ido más allá en cuestiones tributarias.
Mientras tanto, en las medidas anunciadas este viernes, los recortes de gasto brillan por su ausencia. El Gobierno demuestra que, si tiene que escoger, prefiere cargar el peso de los ajustes que está obligado a realizar sobre el bolsillo de los contribuyentes antes que enfrentarse a una reforma integral de la Administración Pública que cada día es más ineludible. Parece que Mariano Rajoy no quiere ver que, actuando de este modo tan injusto, no sólo no conseguirá sacar a España de la durísima recesión económica en la que está inmersa, sino que, además, está castigando especialmente a su base electoral, la clase media, cada día más asfixiada por la presión impositiva.
Enfrentados a la evidencia de las continuas subidas tributarias, resultan aún más indignantes las apelaciones del Gobierno a su supuesta austeridad. Parece mentira que haya que recordárselo al ministro Montoro, pero en 2012 España no cumplió con el objetivo de déficit pactado con la UE, incluso aunque éste se elevó hasta en tres ocasiones a lo largo del año. Y en las previsiones presentadas hoy se admite sin ningún rubor que los números rojos se mantendrán por encima del 3% del PIB al menos hasta 2015. En ese año, si se cumplen las previsiones del Gobierno, la deuda pública estará en el 99% del PIB, con todo lo que eso supone. No sabemos si a Bruselas le convencerán estos datos, pero los contribuyentes españoles no pueden estar contentos con unas cuentas públicas que les anticipan un futuro de impuestos altos para abonar la montaña de deuda generada por el despilfarro de sus políticos.
Cuando llegó a La Moncloa, Mariano Rajoy tenía tres mandatos claros de su electorado en materia económica: organizar unas cuentas públicas que, tras ocho años de zapaterismo, estaban a punto de empujar a España por el precipicio del impago, impulsar un programa de reformas que devolviera la economía a la senda del crecimiento y reorganizar un Estado sobredimensionado e ineficaz, en el que las autonomías hacían y deshacían a su antojo, poniendo en peligro al conjunto de la nación con su irresponsabilidad.
Resulta triste admitirlo, pero en el Gobierno del PP, en el que tantos españoles confiaron de buena fe, no ha cumplido con ninguno de sus tres retos. Sí, hay que reconocerle que terminó con el disparatado dispendio socialista y no ha incurrido en absurdos de la magnitud del Plan E. Pero en ningún caso puede decirse que se haya enfrentado al desafío del déficit con la contundencia y la determinación necesarias.
En cuanto a las reformas, este viernes hemos vivido un nuevo y esperpéntico episodio. El esperadísimo nuevo Plan Nacional de Reformas no incluye prácticamente nada que no fuera ya de dominio público, más allá de esa Ley de Desindexación que, aunque positiva, se queda muy lejos de lo que cualquiera hubiera esperado. Es cierto, casi todas las reformas aprobadas por el Gobierno del PP desde diciembre de 2011 van en la buena dirección; pero no es menos evidente que todas ellas se quedan dolorosamente cortas, muy cortas, respecto a las necesidades de nuestra economía.
Por último, el Gobierno parece haber renunciado definitivamente a la reorganización integral de la Administración. Es más, cada semana que pasa parece más evidente la intención de Moncloa de calmar las ansias independentistas catalanas con nuevas concesiones que no sólo no sacian aquellas, sino que actúan como freno de los imprescindibles cambios en la organización territorial y el sistema impositivo.
En resumen, éste vuelve a ser un viernes decepcionante. Uno más. Impuesto de Sociedades, Impuestos Especiales, IRPF (con la ruptura de la promesa de eliminar la subida en 2014). Nueva tasa a los depósitos bancarios. Nuevas tasas medioambientales. Los motivos de queja de los votantes del PP se multiplican. Y lo más triste de todo es que ya han comenzado a acostumbrarse. Un día de estos puede que, simplemente, dejen de esperar nada de aquellos a quienes dieron su confianza hace menos de dos años.