Primera sentencia firme de un gran caso de corrupción de los muchos que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha condenado nada menos que a 24 años de cárcel al ex secretario de Organización del PSOE y ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, a 19 a su ex asesor Koldo García y a 4 años y medio al empresario Víctor de Aldama en el marco del caso mascarillas.
Se trata de unas sentencias, ciertamente, duras que no por ello resultan menos justas, ponderadas y proporcionales a la extrema gravedad de los delitos por los que han sido condenados: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
En el caso de Aldama, la Sala aprecia la atenuante muy cualificada de la confesión por su colaboración "relevante" con la Justicia, por lo que, en una acertada aplicación del principio de oportunidad, acuerda rebajarle la pena en dos grados, respecto del delito de organización criminal y el delito continuado de cohecho y en un grado respecto del resto de delitos atribuidos. Ninguna de las penas supera los dos años de cárcel, circunstancia que permite suspender la entrada en prisión, al ser una primera condena.
Ya dijimos en su día que un Gobierno verdaderamente comprometido con la lucha contra la corrupción y dispuesto a que la Justicia llegue hasta el final, caiga quien caiga, sería el principal valedor de las rebajas de pena a todo delincuente que hubiera colaborado con la Justicia a la hora de esclarecer el delito cometido y de señalar a sus compinches. Pero es evidente que ese no es el caso del Gobierno presidido por Sánchez por lo que no nos debe sorprender que algunos de sus representantes hayan salido a la palestra a considerar excesivas tanto la pena de Ábalos como la reducción de pena de Aldama. Sin embargo, la "atenuante muy cualificada" que el Tribunal Supremo ha apreciado en el caso de Aldama es la misma que apreció el propio fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en sus conclusiones finales, en las que hizo un acertadísimo alegato en favor de la rebaja de penas para quien colaborara con la Justicia, por mucho que finalmente no lo pudiera solicitar por orden de Teresa Peramato, fiscal general del Estado que ya sabemos, por Pedro Sánchez, de quien depende.
Afortunadamente el Tribunal Supremo sí ha hecho suyo ese principio de oportunidad al premiar la colaboración con la Justicia con la rebaja de pena a Aldama lo que, además de ser un acto de justicia, constituye un aviso a navegantes en otros casos de corrupción que afectan al Gobierno donde todavía impera la ley del silencio. A este respecto, téngase en cuenta no sólo que Aldama señaló al juez la sociedad Apamate por canalizar la financiación ilegal del PSOE a través de Zapatero y Ábalos, sino lo mucho que podría también favorecer a la acción de la Justicia que personajes como Julio Martínez Martínez, llamado el "lacayo" de Zapatero, o como Leire Díez se saltaran la mafiosa ley del silencio y tiraran de la manta en casos como el del Plus Ultra o el de las cloacas del PSOE.
Ni que decir tiene que la más elemental asunción de responsabilidades políticas llevaría, ciertamente, al presidente del Gobierno a presentar su dimisión tras la condena de su ex número dos o a convocar elecciones anticipadas. Pero no hay que olvidar que estamos ante una trama delictiva en plena simbiosis con un Gobierno presidido por Sánchez, quien, por esa razón y por su patológica querencia a la poltrona, va a seguir comportándose como si todos estos escándalos, se hayan o no zanjado ya con condenas, no vayan con él.
Aun así, el célebre Manual de Resistencia de Pedro Sánchez va estrechamente ligado a una ley del silencio, la famosa omertà de las organizaciones mafiosas, que la sentencia del Tribunal Supremo ha hecho muy difícil que impere.