Esta es la hora en la que todavía no se sabe a ciencia cierta si la tesis por la que Pedro Sánchez obtuvo el título de doctor es propia, expropiada o compartida. Lo que sí es incuestionable es que el presidente del Gobierno ha mentido este miércoles en sede parlamentaria al afirmar que su cuestionada tesis doctoral está colgada y publicada en Teseo; y que ha amenazado al líder de Ciudadanos por atreverse a preguntar por el asunto. No menos innegable es que hace más de un año un medio de comunicación publicó que el exministro de Industria socialista Miguel Sebastián habría confesado en un foro privado que el grueso de la citada investigación doctoral habría sido elaborada en su ministerio; y que la tesis, presentada en 2011 en la universidad privada Camilo José Cela de Madrid –cuyo rector era el militante socialista y exsecretario de Estado para el Deporte Rafael Cortés Elvira–, ha permanecido oculta todo este tiempo sin que ninguna instancia judicial haya instado nunca la menor investigación.
Todavía más dudas ofrece el fantasmagórico máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, quien horas después de que el presidente del Gobierno, el secretario de Organización del PSOE y la portavoz parlamentaria de este partido le brindasen un público y explícito respaldo presentaba el martes su dimisión, más como artero medio de forzar la del líder de la oposición, Pablo Casado, que como muestra de arrepentimiento o expresión de asunción de responsabilidades.
Sin querer quitar, en modo alguno, importancia al gravísimo asunto de la adulteración o invención de másteres y demás títulos universitarios, y que no vendría sino a reflejar el estado de podredumbre de la Universidad española, sorprende, sin embargo, la doble vara de medir que se viene aplicando a favor de la izquierda en general y de Podemos muy en particular, así como que eclipse asuntos muchos más sustanciales para pedir la dimisión en bloque de este Gobierno que, para empezar, se conformó gracias a formaciones golpistas y proterroristas y bajo la incumplida promesa de la rápida convocatoria de elecciones generales.
Cuando España empieza a sufrir una temible desaceleración económica y sigue siendo víctima de un golpe de Estado dirigido desde la Generalidad de Cataluña; mientras un indolente Gobierno de la Nación finge normalidad y sigue sustentándose en esas formaciones golpistas, resulta sospechoso que las dimisiones en el mismo se produzcan por asuntos como el que nos ocupa en este editorial.
Sea como fuere, es de todo punto bochornoso que la preocupación por la peripecia académica de los políticos, que tanto contrasta con el desinterés por la situación económica y, sobre todo, institucional de la Nación, no afecte a los capitostes de Podemos, donde pueden encontrarse casos tan escandalosos como el de la fraudulenta beca universitaria de Íñigo Errejón –candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid–, el de la distinción de Pablo Iglesias como profesor honorífico de una universidad –la Complutense– en la que ni siquiera tenía plaza fija o el del sobrecogedor Juan Carlos Monedero, tan bien pagado por el régimen boliviariano que anda esquilmando a los venezolanos hasta dejarlos en la más abyecta miseria.
Está visto, sin embargo, que la izquierda anda empecinada en centrar la atención en este asunto, incluso al coste de sacrificar a alguno de sus propios miembros si así consigue desembarazarse del líder del principal partido de la oposición, cuestionado por la obtención de un curso de acceso al doctorado cuya licitud ha dejado sobradamente acreditada. Está claro que para la izquierda todo vale con tal de no que no haya nuevas elecciones.