Ignoramos si el simposio "Espanya contra Catalunya", organizado por el Centro de Historia Contemporánea de Cataluña –dependiente de la Consejería de Presidencia– y la Sociedad Catalana de Estudios Históricos, filial del también público Instituto de Estudios Catalanes (IEC), llegará al extremo de constituir un delito de incitación al odio como el que está tipificado en el artículo 510 del Código Penal y plantea la denuncia presentada por UPyD y Ciutadans ante la Fiscalía. De lo que puede estar seguro el Gobierno secesionista de CiU es de que esta cuestión jurídica no será dirimida por un comisario político, como los que los nacionalistas tienen en el CAC, ni por algún magistrado aupado por alguno de los dos partidos denunciantes.
La cuestión decisiva, sin embargo, no es tanto jurídica como política. Y no es otra que la de plantearse si es de recibo que con el dinero del contribuyente se sufraguen simposios destinados a propagar el odio a España y, por tanto, a Cataluña. Ese odio, sea o no constitutivo de delito, es innegable desde el mero título del propio simposio y de las delirantes conferencias que lo conforman, y que presentan a España como generadora de "expolios", "represiones" y “exilios”.
Apelar a la libertad de expresión, tal y como ha hecho el portavoz de la Generalidad, para silenciar la crítica a estos odiosos infundios que se propagan con dinero público es la más reciente impostura de los nacionalistas. La denuncia de este odio a España con dinero del contribuyente es perfectamente coherente con la crítica que hemos hecho al odio y las pretensiones censoras contra determinados periodistas que han perpetrado los comisarios políticos del CAC. Nadie censura que Francesc Homs o los participantes del simposio propaguen en medios privados o en sus declaraciones públicas lo que quieran. Lo que se critica es que esa expresión destile tanto odio y, sobre todo, que sea sufragada con dinero del contribuyente.
Lo que también se critica es que una Administración como la catalana, que estaría en suspensión de pagos si no la auxiliara de manera recurrente el Fondo de Liquidez Autonómica del Gobierno español, se dedique a gastar el dinero público en propagar odiosas mentiras contra España, o en la celebración de ilegales y engañosas consultas secesionistas, o en la creación de ilegales y costosísimas estructuras de Estado, lo que constituyen una clarísima malversación de fondos públicos.
Sea como fuere, y vista la impunidad y la financiación extraordinaria con que los nacionalistas cuentan, no parece que las denuncias planteadas por UPyD y C's lleguen a nada. Claro que de esto no tienen culpa los nacionalistas, sino quienes gobiernan su odiada España.