De todos es conocida la célebre máxima de la Revolución americana "No taxation without representation" con las que los ciudadanos de las Trece Colonias denunciaban y protestaban contra la injusticia y la adulteración de la democracia que implicaba la obligación de pagar impuestos aprobados por un parlamento como el británico en el que los colonos no tenían representación. Pues bien. Ante la oleada de concesiones de la nacionalidad española que el gobierno viene otorgando a centenares de miles de extranjeros que ni han vivido ni viven en España y que ni tributan ni han tributado en nuestro país, bien se le podría dar una vuelta a la encomiable proclama americana por la de "No representation without taxation".
Ciertamente, ¿qué sentido tiene conceder la nacionalidad española y, con ella, el derecho a votar en las elecciones generales, a ciudadanos que ni siquiera tienen deseo de trasladarse a vivir en España, que no contribuyen ni han contribuido nunca a nuestras arcas públicas y que no se van a ver afectados por las políticas -buenas o malas- que lleven a cabo nuestros representantes? ¿Tiene sentido, por poner un ejemplo, que ciudadanos cubanos, que no pueden elegir el Ejecutivo que les gobierna, puedan, sin embargo, participar en la elección del que gobierne en España? Más aun cuando la tramitación de las solicitudes va a ser a cargo de una empresa de la dictadura comunista como es PALCO.
Entiéndasenos bien. Los partidarios de la inmigración y quienes simpatizan con personas que han entrado legalmente en nuestro país, que viven, trabajan y tributan en España y que quieren ser españoles no solo deberíamos ser los más claros detractores de la inmigración ilegal sino también los principales defensores de la concesión de la nacionalidad española a estos extranjeros a los que les hemos abierto la puerta de nuestra casa, que contribuyen a su sostenimiento y que no han entrado en ella por la ventana. Y eso, con independencia de que tengan o no un abuelo o una abuela española o incluso un antepasado sefardí.
Pero ¿qué sentido tiene, que no sea la pretensión de adulterar el censo electoral, otorgárselo a extranjeros que no han vivido ni viven España? Puestos a conceder la nacionalidad española a quienes no la tienen, más sentido tiene concedérsela a los residentes que a los que no viven ni cotizan en España bajo la premisa de trasnochados derechos de sangre. Tengase en cuenta que el CERA (censo electoral de españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero) ha tenido hasta hace muy poco más carga emocional que peso electoral efectivo. Sin embargo, si los electores en el extranjero no llegaban al millón en 2000, esta cifra puede subir hasta rozar los cinco millones. En este sentido, cabe señalar que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya se percató en 2023 en un artículo que "el voto CERA podría ser determinante en el reparto de escaños" hasta el punto de poder "alterar el reparto de un último escaño en hasta nueve provincias donde los resultados han sido muy ajustados". Resulta sorprendente, en este sentido, que en las cuatro últimas elecciones autonómicas en las que el PSOE ha cosechado históricas debacles electorales, el voto CERA haya dado la victoria al PSOE.
En esta misma línea, cabe preguntarse a que circunscripción/provincia van a asignarse los votos de estos extranjeros nacionalizados españoles que no han vivido nunca en España y, que por tanto, no se les puede adscribir al municipio de su última residencia. En este caso, será la Oficina del Censo Electoral la que lo decida, lo que pueda dar pie a todo tipo de interesadas arbitrariedades.
Finalmente, cabe incidir en que asistimos, más que a la aplicación de la ya de por si cuestionable Ley de Nietos a la adulteración de la misma por una instrucción del Ministerio de Justicia, fechada después de aprobarse la norma, por la que se permite que se nacionalicen a todas los extranjeros con un padre, un abuelo, un bisabuelo o incluso un español emigrado, instrucción firmada por la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.
No nos cabe duda que la pretensión del gobierno con estas nacionalizaciones es conseguir a corto plazo los mismos objetivos que perseguía más a largo plazo la ex ministra Irene Montero con la regulación masiva de inmigrantes ilegales: "Barrer de fachas y racistas España con gente inmigrante", dando por sentado que "racistas y fachas" son todos los que no votan a la izquierda. De hecho, cabe preguntarse si los ridículos, pero también preocupantes sondeos del CIS del socialista Tezanos, que pronostican la victoria del PSOE en las generales contradiciendo la totalidad del resto de los sondeos publicados en este país, no tengan ese mismo objetivo y el de dar cobertura a un posible vuelco electoral fruto de este ejercicio de "ingeniería electoral" como ha dicho Feijóo por no usar la expresión de pucherazo.
En cualquier caso, y aun sin dejar de estar alerta en la cadena de custodia del voto CERA, cabe ser optimista puesto que está por ver que todos los extranjeros tan interesadamente nacionalizados españoles vayan a decantarse por un mismo partido y, aun en ese caso, que logren alterar la elección de los españoles que padecemos a este gobierno por vivir, trabajar y tributar en España. Y es que una cosa es que "Pedro Sánchez 2027 y más allá" lo intente y otra, muy distinta, que lo consiga.