Mariano Rajoy ha decidido excluir a España de la campaña internacional para combatir al terrorismo yihadista por la proximidad de las elecciones generales. A la vista de los últimos acontecimientos, está claro que va a mantener esa decisión con todas las consecuencias.
Las cancillerías occidentales trabajan sin descanso para coordinar acciones que golpeen al llamado Estado Islámico en los bastiones de Oriente Medio donde se ha hecho fuerte. El premier británico ha planteado en su parlamento la necesidad de actuar militarmente en Siria, mientras que Angela Merkel, además, ha dado garantías a Hollande de que relevará a las Fuerzas Armadas francesas en el Sahel para que puedan ser utilizadas en el combate directo contra el yihadismo. Alemania y Gran Bretaña se ponen así decididamente al lado de Francia, el país que está liderando la respuesta inmediata al grupo islamista responsable de la matanza de París y principal amenaza en estos momentos para la seguridad de Occidente.
Y mientras las potencias occidentales articulan una respuesta contundente contra el califato terrorista, con EEUU y Rusia jugando también sus bazas en este delicado tablero, la aportación del Gobierno de España a este esfuerzo internacional es la celebración de la adhesión de los partidos minoritarios al pacto antiyihadista firmado en un principio por el Partido Popular y el PSOE.
El acto celebrado el pasado viernes en el ministerio del Interior consistió en la firma del citado acuerdo por los representantes de Ciudadanos, UPyD, Unión Democrática de Cataluña y el Partido Aragonés Regionalista. Además estuvo un representante de Podemos, pero sólo en calidad de observador, un detalle que esmalta perfectamente la absoluta irrelevancia del papel de España en la tarea formidable emprendida por la comunidad internacional.
El llamado pacto antiyihadista, que ahora ha ampliado su rango en el seno de la política española, no es ni siquiera un acuerdo que facilite al Gobierno la tarea de actuar a escala internacional. Se trata, simplemente, de un catálogo de buenas intenciones para coordinar una respuesta meramente política al terrorismo islamista en clave interna.
El Gobierno ha decidido que España no va a jugar el papel que le corresponde en un asunto en el que, además, nuestro país debería estar especialmente sensibilizado. Rajoy quiere mantenerse al margen en esta batalla de las democracias internacionales, con el aplauso de las demás fuerzas políticas que, a excepción de Ciudadanos, comparten el pánico del presidente del Gobierno a llevar a cabo cualquier acción exterior en colaboración con nuestros socios europeos. El pretexto es la proximidad de las elecciones generales.
Mientras otros países cumplen con sus obligaciones el nuestro acredita, una vez más, que el terrorismo islamista obtiene grandes beneficios cuando topa con una sociedad civil inmadura y una clase política esencialmente cobarde como la que actualmente padecemos en España.