Hace bien la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en exigir que el Gobierno "no criminalice a la sociedad madrileña" y, mejor todavía, en reclamar una comisión de investigación sobre el aeropuerto de Barajas, cuya gestión es competencia del Ejecutivo social-comunista, y su incidencia en la pandemia del coronavirus. Ciertamente, si el Gobierno británico no incluye todavía a España como destino turístico seguro es culpa del Gobierno central, no del autonómico madrileño, como ha tenido la desfachatez de afirmar la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Ni Ayuso ni los madrileños son culpables del insuficiente ritmo de vacunación en España; ni, menos aún, de que el Gobierno de Pedro Sanchez lleve más de un año sin desarrollar un marco jurídico que permita evitar riesgos de contagio tras el final del estado de alarma. El caos y la inseguridad jurídica que se están experimentando a cuenta de las medidas que han de adoptar las comunidades autónomas también son culpa del Gabinete Sánchez; caos que ha llevado a siete Gobiernos regionales –entre ellos, el socialista de Castilla-La Mancha– a reclamar urgentemente una reunión de la Conferencia de Presidentes, que Sánchez lleva siete meses sin convocar, a pesar de que lo exigía el decreto del estado de alarma.
De lo que sí es responsable Ayuso, gracias a una acertada política que conjuga seguridad y libertad económica, es de que Madrid siga siendo un destino apetecible para los turistas y un lugar en que el covid no es excusa para arruinar al sector de la hostelería. Sucede, sin embargo, que el presidente del Gobierno, tras desentenderse de la situación sanitaria en todo el país, tiene el cuajo de señalar como culpable, contra toda evidencia empírica, a la hostelería; todo para, a su vez, acusar al Gobierno de Madrid, caracterizado por su protección a este decisivo sector, de ser el responsable de la crisis sanitaria que aún padece no ya Madrid sino toda España.
Sánchez hace algo peor que Poncio Pilatos, pues no sólo se lava las manos sino que arremete contra un sector y un Gobierno regional que se afanan en salir de la crisis sanitaria sin herir de muerte a la economía.