Cuando desde el nacionalismo vasco se reclamó una paz "sin vencedores ni vencidos" sólo había una forma decente de contestar. No se podía equiparar a verdugos con víctimas; el Estado debía asumir como obligación la derrota total y completa de los primeros. Los terroristas de ETA no sólo debían terminar en la cárcel: no se les podía conceder una sola de sus exigencias políticas. Esa era la única paz justa, la única que trataba a los asesinos como asesinos y a las víctimas como víctimas. Pero no sólo era lo único éticamente apropiado: sólo cuando se abordó el problema con firmeza, a comienzos de este siglo, se pudo vislumbrar el fin de la banda como un objetivo factible, al alcance de la mano.
Del mismo modo, con la misma firmeza habría que abordar el órdago secesionista del nacionalismo catalán. Desde que nació el Estado de las Autonomías, los nacionalistas han empleado los espacios de poder a su disposición para caminar firmemente en pos de su único objetivo: la destrucción de España. Para aplacarlos y garantizarse su apoyo parlamentario, desde los Gobiernos centrales no se ha hecho más que premiarles una y otra vez por su deslealtad al proyecto común concediéndoles aún más poder y capacidad de hacer daño.
Bajo su batuta, Cataluña ha ido convirtiéndose progresivamente en un régimen de opinión única, donde cualquier información o idea contraria al opresivo nacionalismo reinante se ha travestido de ataque a la nación. Así, mientras todos los medios catalanes encontraron tiempo y motivación para firmar un editorial único, ninguno de ellos se tomaba la molestia de investigar la creciente fortuna del clan Pujol. ¿Cómo hacerlo? Fiscalizar al patriarca hubiera sido una traición a la patria.
Tanta unanimidad en la información, tanta fusión entre el poder autonómico y la prensa, que en cualquier país democrático tiene la función de cantar las cuarenta al poder, ha conducido a que muchos catalanes vean a España como la fuente de sus males y la secesión como única solución. Los nacionalistas planean hacer un referéndum ilegal este otoño, y no parece que repetir una vez más el mantra de que la consulta "ni se puede celebrar ni se va a celebrar" vaya a frenar nada.
No hacía falta llegar a este punto. Esta deriva podría haberse corregido en cualquier momento: bastaba con decidirse a ello. La apuesta por romper España no se puede premiar estudiando con "ánimo constructivo" 23 nuevas reclamaciones de Artur Mas. No se puede dar aire a un líder políticamente muerto tras la patética confesión de Pujol ofreciéndole diálogo. Se podría argumentar que no es más que la zanahoria que Rajoy ofrece a cambio de la renuncia al referéndum. Pero eso sólo tendría sentido si también existiese un palo.
La Generalidad es una institución más del Estado Español, y si sus responsables quieren utilizarla para destruir España y la Constitución que le ha permitido existir, la única respuesta justa es desandar el camino a la perdición que ha demostrado ser la autonomía catalana. Los biempensantes de siempre argumentarán que aplicar la Constitución, el artículo 155 que permite retirar competencias a las autonomías, sería un desastre de consecuencias incalculables que sólo empeoraría lo que ya no puede empeorar más. Pero también dijeron lo mismo de la Ley de Partidos.
Desde hace casi cuarenta años, atacar a España no ha traído más que beneficios, por eso hemos llegado adonde hemos llegado. Es hora de decir basta con una medida muy simple: que de una vez por todas los actos tengan consecuencias.