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Eduardo Goligorsky

La Justicia, ‘kaput’

La Justicia no está 'kaput'. La sociedad civil y la Monarquía parlamentaria tampoco. Ha llegado la hora de que den pruebas contundentes de su vitalidad.

Eduardo Goligorsky
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La Justicia no está 'kaput'. La sociedad civil y la Monarquía parlamentaria tampoco. Ha llegado la hora de que den pruebas contundentes de su vitalidad.
Pixabay/CC/pixel2013

La palabra alemana kaput, que significa ‘destrucción’ o ‘final violento’, estuvo muy de moda en los países de lengua española desde los años 1930 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial y aun después. Aparecía en novelas, cómics y películas, casi siempre en boca de sicarios nazis. La rescato porque me parece que es la más apropiada para retratar la prepotencia atrabiliaria con que la fracción comunista del Gobierno y la quinta columna secesionista que ocupa cuatro provincias del territorio peninsular arremeten contra las instituciones del Reino de España, con la intención explícita de borrarlo del mapa de naciones civilizadas y reducirlo a un mosaico de satrapías, étnicas en unos casos y bolcheviques en otros.

Delincuentes agremiados

Es lógico que, en un país regido por el imperio de las leyes, la Justicia sea la encargada de levantar barreras contra las tropelías de los delincuentes. Y también lo es que, cuando están en condiciones de agremiarse para salvaguardar su impunidad, los delincuentes decreten que los magistrados son enemigos que han abusado de ellos. Es lo que hicieron en la década de 1970, cuando, aprovechando la amnistía de los presos del franquismo, los allegados de los delincuentes comunes organizaron la campaña "Los presos a la calle", para que los facinerosos también se beneficiaran del clima de libertad.

Ahora son los camaradas de los condenados por delitos probados de sedición, malversación y desobediencia quienes han engendrado un movimiento cuya consigna podría ser "La Justicia, kaput", poniendo en entredicho los valores de la sociedad organizada. Valores cuya inviolabilidad está garantizada por las leyes. El reclutador de subversivos y presidente putativo de la Generalitat Quim Torra le ha reprochado al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, que haya convocado una misa en homenaje a las víctimas del covid-19 en lugar de sumarse a esta ola de beligerancia contra la Justicia que lo cuenta a él entre sus cabecillas (LV, 27/7).

Campeona del autoodio

Y la agitadora Pilar Rahola confirma su fama de experta en el arte de sembrar las semillas de la difamación contra quienes custodian la integridad del país donde nació, se (mal)educó y prosperó desorbitadamente, y con el que debería haber contraído una deuda de gratitud por la benevolencia con que toleró su patológica hispanofobia. Escribe esta campeona del autoodio ("El gobierno de los jueces", LV, 22/7):

Solo habría que recordar al insigne Lesmes, en sus propias palabras, para saber que, por encima del objetivo primordial de impartir justicia, su rol principal es el de defender la unidad de España. (…) Es así como, en cuestiones de la sagrada unidad de España, y, especialmente, con respecto al conflicto catalán, el comportamiento de la justicia ha tenido más peso político que la misma política, hasta el punto de que ha sido el ámbito judicial el que ha obturado vías de solución y ha marcado el relato, los tiempos, las condiciones y el sentido de la represión.

"La Justicia, kaput", repite el nuevo coro de delincuentes agremiados.

Desguace tribal

Los teóricos clásicos del anarquismo (y muchos modernos catecúmenos de la doctrina leninista-podemita), abrazados a la falacia de que "la propiedad es un robo", despotricaban (y despotrican) contra los jueces que defendían y defienden el derecho de propiedad con las leyes en la mano. Hoy los protegidos de estas almas piadosas son los okupas narcotraficantes.

Y los partidarios del desguace tribal de España estigmatizan con la misma visceralidad a los magistrados que aplican el Código Penal para asegurar el cumplimiento del texto constitucional. Los acusan de practicar la venganza porque los devuelven a la cárcel de donde salieron usufructuando privilegios fraudulentos. La Justicia, kaput, vociferan. Ni se arrepienten ni se rehabilitan. Se jactan de que volverán a hacerlo. Y extorsionan impúdicamente al Gobierno de los felones, rufianes y lenines para arrancarle el indulto o la amnistía.

Represión justa

Los alzados hacen hincapié, en todas sus jeremiadas, en el argumento de que quienes defendemos la unidad de España actuamos guiados una motivación política. Por supuesto que es así. La defensa de la unidad de España se encuadra en el ámbito político y no en el esotérico o el teológico, y lleva implícitos el respeto patriótico a la Constitución y las leyes, la elección de los gobernantes en comicios democráticos, la convivencia entre ciudadanos libres e iguales y la protección de los derechos humanos. Todos estos valores políticos están vigentes en Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, y demás repúblicas y monarquías de nuestro entorno civilizado.

No menos justa es la represión por motivos políticos. Nuestro Tribunal Supremo, aunque riguroso, es mucho menos drástico que el de Nuremberg (clamorosamente parcial pero ejemplar), que castigó con la pena capital a los máximos representantes de una ideología política perversa fundada sobre la supremacía racial. Sí, la supremacía racial. ¿Les suena a los discriminados por las aristocracias catalana y vasca? Todavía hoy la legislación de la libérrima Alemania es implacable con los delitos políticos de apología del racismo y el comunismo, que fueron su némesis en tiempos de Hitler y de la colonización soviética.

Un discurso muy actual

Por todo ello son muy actuales los pasajes del discurso que Abraham Lincoln pronunció al asumir la presidencia de Estados Unidos, del cual Alejandro Blanco Faraudo reprodujo fragmentos en "El proceso y Abraham Lincoln" (LV, 21/8/2017):

Inició recordando que ese día había jurado respetar la Constitución, la cual establece que la Unión de los Estados ha de ser perpetua y se pregunta: "¿Puede anular el pacto una de las partes sin el consentimiento de las demás? (…) Se sigue que ningún Estado puede separarse legalmente de la Unión por su propia iniciativa y que todos los acuerdos en este sentido son nulos. (…) La Unión es inquebrantable y no ahorraré esfuerzos para que se cumpla la ley. (…) Seamos francos: la separación implica la anarquía".

A diferencia del prócer liberal Lincoln -cuya imagen mancillan los antisistema del Black Lives Matter–, los gobernantes de España reniegan sin vergüenza de su juramento de lealtad a la Constitución y se internan por el camino de la separación plurinacional que implica la anarquía. Vamos a pararlos. La Justicia no está kaput. La sociedad civil y las instituciones que apuntalan la Monarquía parlamentaria tampoco lo están. Ha llegado la hora de que den pruebas contundentes de su vitalidad, sin apartarse un ápice de la ley.

PS: Pobre cardenal Omella. Nació en Cretas, provincia de Teruel, y durante su prolongada carrera eclesiástica se lo ha conocido por su nombre: Juan José Omella y Omella. Pero desde que fue designado arzobispo de Barcelona ya ni siquiera es dueño de su identidad. La prensa de matriz catalana, desde La Vanguardia hasta Ara, pasando por El Nacional, lo ha convertido en Joan Josep Omella, aunque en El Periódico encontré un mestizado Juan Josep Omella. ¡No se deje manosear por la chusma cismática, cardenal, y exija que lo llamen por su nombre verdadero, con el que lo bautizaron donde nació y con el que aparece en el resto de la prensa española e internacional!

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