Es curioso que tanto la izquierda relativamente vegetariana como la derecha radicalmente caníbal hayan coincidido en calificar la denuncia de Mayor Oreja acerca de una negociación en marcha Gobierno-ETA con el mismo calificativo: inoportuna. Que la COPE de ahora y El País de siempre suscriban el mismo diagnóstico, léase condena, me persuade de que la liquidación de la COPE, la AVT y el PP de Aznar han sido y siguen siendo la piedra angular de este cambio de régimen nunca declarado pero ejecutado desde el 14-M; políticamente improvisado, intelectualmente astroso y legalmente caótico, pero admitido o impuesto por todos los poderes fácticos, los clásicos (Iglesia, Ejército, Banca, Poder Judicial) y los modernos (medios de comunicación, sindicatos y empresarios amaestrados, partidos políticos mayoritarios a escala nacional o regional y tribunales de Justicia provistos y controlados por esos partidos o facciones políticas).
El papel tradicional del Ejército decimonónico, politizado siempre y a menudo golpista, lo desempeñan hoy los medios de comunicación, que también ocupan parcialmente el espacio eclesiástico tradicional, clave en la conformación moral de los estados de opinión popular, sin los que algo tan complejo como la transformación, dispersión y liquidación de un Estado-Nación tan antiguo como España resulta efímero y puede desembocar en situaciones impredecibles y hasta letales para sus creadores y beneficiarios. Por eso, el peor Gobierno de la Historia de España –y el más antiespañol– sólo desarrolla una política coherente en el ámbito de la comunicación. La concentración de cadenas de radio y televisión mediante conglomerados multimedia creados o tutelados por el Poder político, acaba de reforzarse con la implantación de una dictadura legal contra la libertad de expresión, una normativa audiovisual típicamente tiránica, fuera de la Ley y de los jueces y probada –CAC– en ese laboratorio del despotismo que es Cataluña.
El problema que tiene el nuevo régimen, o más bien la disolución del régimen constitucional de 1978, es de legalidad y, más aún, de legitimidad. Por eso reviste tanta importancia la negociación del Gobierno socialista y la ETA. El terrorismo es un baldón de ilegitimidad que hace muy difícil la implantación de cualquier nuevo régimen, sean cuales sean sus apoyos. Y el primer intento de asociar la ETA al régimen post-14-M se saldó con tan rotundo fracaso que la mera apariencia de continuidad aterra a los mismos que produjeron el siniestro "proceso de paz". Sólo la emasculación del PP impediría que entre la crisis económica y la deslegitimación por su coqueteo con los terroristas el PSOE pudiera sufrir una debacle electoral de consecuencias trascendentales. O, al menos, con posibilidades de serlo.
Nada más oportuno, pues, que tratar este asunto a fondo. Nada más inoportuno que la claridad para este régimen de sombras que no acaba de nacer, tal vez por la confusión de padres, de madre y de hijos de su madre. Y pocos períodos tan adecuados para pensar este asunto, detenida aunque brevemente, como unos pocos días de vacaciones, de pausa o de penitencia.