Recordaba Tom Burns en El Mundo la vieja anécdota de cómo explicó Franco a Arburúa su cese: "Desengáñese, Arburúa, vienen a por nosotros". Pues eso, desengáñese, don Federico, vienen a por nosotros.
Más allá de lo ajustadas a derecho que puedan estar las dos sentencias que ha sufrido Federico Jiménez Losantos, y más allá de las consecuencias que para él puedan tener, el fenómeno entraña peligros mucho más graves para los que nos identificamos con sus ideas.
Lo primero que hay que destacar es que tanto la querella como la demanda que han concluido en sentencias condenatorias fueron obra de personas con medios de defensa de igual o mayor calibre de los que disponía el querellado y demandado. Quiero decir que un particular que se sienta injuriado o insultado desde una emisora de radio no tiene otra defensa que la de los tribunales. Pero ese no es el caso de Gallardón ni de Zarzalejos.
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid y político de relumbrón, dispone de cuantos medios de comunicación desee para contestar a cuantos ataques pueda recibir de Federico Jiménez Losantos, que, después de todo, no tiene más que a la COPE, su columna de El Mundo y Libertad Digital para defender "su" verdad.
José Antonio Zarzalejos era director del centenario ABC cuando demandó a Losantos. Si ser el director de semejante tribuna no es suficiente para contestar cumplidamente a cualquier ataque de cualquier otro medio, es que uno de los dos, el director o el periódico, están muy mal.
¿Por qué dos personas con abundante munición para defenderse en los medios han preferido recurrir a los tribunales? Puede que su fin no fuera tanto convencer a los oyentes de la COPE, después de todo votantes de Gallardón y lectores del ABC en buen número, como amedrentar a los dueños de la emisora. Quizá pensaron que, incapaces de convencer a los obispos con argumentos, podrían amedrentarles a base de mostrarles que los mensajes que se emiten desde su emisora merecen el oprobio de los tribunales.
Pero ¿por qué? Pues porque Gallardón y Zarzalejos, cada uno a su modo, representan esa derecha melindrosa que no quiere que se investigue el 11-M ni que se ataquen los excesos del Estado de las autonomías, de los que el plan Ibarretxe y el estatuto de Cataluña no son más que la punta de un mismo iceberg, por miedo a que el hacerlo ponga en peligro las ambiciones políticas de uno y la forma monárquica del Estado que defiende el otro.
Piensan que lo que a los obispos interesa más son el matrimonio de los homosexuales, la libertad de enseñanza y la Educación para la Ciudadanía. Por eso atacan judicialmente a su buque insignia cuando defiende otras ideas. Esas otras que a esa derecha correcto-monárquico-pancista que representan Gallardón y Zarzalejos le parece peligroso defender porque hacerlo mina el sistema. Quieren que los obispos se pregunten si a sus fines interesa verse todos los días en los tribunales por defender unas ideas que, para ellos, no deberían ser prioritarias.
Por lo tanto, no sólo está en juego el futuro de Federico Jiménez Losantos, desde muchos puntos de vista irrelevante. Está en juego la posibilidad de defender unas ideas, las de los varios millones de españoles que nos identificamos con él. Si el hacerlo socava o no el sistema es harina de otro costal. Y de otro artículo.