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Emilio J. González

La amenaza como único recurso

El Gobierno no entiende cuál es su responsabilidad en la escasez de crédito: el rápido deterioro que están experimentando las cuentas públicas como consecuencia de las promesas electorales de Zapatero.

Emilio J. González
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Las amenazas que ha dirigido José Blanco a la banca en caso de que siga sin bajar los tipos de interés y conceder créditos suponen un contrapunto en la nefasta gestión de la crisis que está haciendo el Ejecutivo, un contrapunto a peor. Las advertencias han salido de la boca de Blanco quien, como es sabido desde hace tiempo, desempeña el papel de vocero de Zapatero para decir lo que éste quiere decir pero no puede –o no debe– por su condición de presidente del Gobierno y por las consecuencias que ello podría acarrear (ya que en una democracia y en una economía de mercado no vale cualquier cosa). Por tanto, las palabras de Pepiño han de anotarse en el debe de Zapatero, con letra clara y bien grande, y poner a su lado una nota acerca de la gravedad que implican semejantes declaraciones.

Un Gobierno que se está demostrando incapaz de gestionar la crisis, porque ni sabe lo que tiene que hacer ni escucha los consejos por ir en contra de la ideología del presidente y de su popularidad –una conducta más propia de un adolescente que del primer mandatario de la que hoy todavía es la octava economía del mundo, aunque tal y como están las cosas, veremos por cuánto tiempo– ahora abre un nuevo capítulo en este drama de desatinos y empieza a pasar de las palabras a los hechos. Así, las cosas están tomando una dirección francamente inquietante porque ya no se trata de que el Ejecutivo no esté haciendo nada, excepto deteriorar la situación presupuestaria a pasos agigantados y, con ella, la del conjunto de la economía; es que ahora pretende que salten al abismo, motu proprio, las entidades crediticias.

Lo primero que tendría que preguntarse el Gobierno es por qué los bancos y las cajas de ahorros no están concediendo créditos. Así sabría qué es lo que pasa y cómo debería actuar. La respuesta a esta cuestión es sencilla. Una vez que se ha acabado la financiación barata y a corto plazo que ofrecía el Banco Central Europeo –y que es responsable en parte de los problemas por los que atraviesan las entidades crediticias– éstas tienen que volver a las buenas prácticas bancarias, extendiendo préstamos en función de los depósitos que consiguen y reestructurando su balance para que el dinero que tomaron a corto plazo para financiar créditos a medio y largo plazo sea sustituido por recursos de mayor vencimiento, dando al balance una estructura más sana y sólida. En eso están los bancos y las cajas en estos momentos, y por eso ya no conceden créditos con las alegrías de antaño. Además, hay que entender que la captación de esos recursos es costosa, en parte porque en España el ahorro es escaso –como prueba el mayor déficit exterior del mundo–; en parte porque buena parte de los fondos disponibles están yéndose a financiar el creciente déficit público. En este contexto, no es posible una reactivación rápida del crédito, porque el ahorro con que sufragarlo es escaso. Tampoco es posible que los tipos de interés de los préstamos bajen cuando las entidades crediticias tienen que aumentarlos para captar recursos. De hacerlo, entrarían en pérdidas y se verían más hundidas en una peligrosa situación de la que muchas de ellas están tratando de escapar con todas sus fuerzas. Pero el Gobierno ni entiende esto ni cuál es su parte de responsabilidad en la escasez de crédito: el rápido deterioro que están experimentando las cuentas públicas como consecuencia tanto de las promesas electorales de Zapatero como de la ausencia de medidas para afrontar la crisis.

Bancos y cajas, además, tampoco tienen en estos momentos tanta capacidad para conceder préstamos como el Gobierno quiere. Muchas de ellas están entrampadas en el rosario de suspensiones de pagos y quiebras de las inmobiliarias –un proceso que, según algunos expertos no ha hecho más que empezar– y necesitan los recursos de que disponen para reponer el capital que se está perdiendo o se va a perder. Lo mismo cabe decir para los impagos de los particulares, sobre todo de hipotecas. Para complicar más las cosas, esta situación, en lugar de remitir, va a más: la tasa de morosidad no hace más que crecer y algunos análisis ya apuntan a que puede llegar a un elevado 8%.

La prudencia, que es uno de los principios básicos para el buen funcionamiento del sistema financiero, lleva también a los bancos y cajas de ahorros a mirar con lupa a quién conceden un crédito. La lógica dicta que no se les puede obligar a dar préstamos a quienes, ya sean familias o empresas, pueden no tener en el futuro capacidad para devolverlos. Por si alguien duda de la validez de un principio tan sabio como sencillo, no tiene más que recordar que la crisis de las hipotecas de alto riesgo empezó a gestarse cuando el Gobierno estadounidense obligó a la banca a extender créditos a personas de dudosa solvencia por sus circunstancias laborales. Los españoles no es que sean insolventes per se, pero hay que tener en cuenta que muchos, por desgracia, se enfrentan a la posibilidad de perder su puesto de trabajo en los próximos meses, de la misma forma que muchas empresas pueden cerrar; sobre todo aquellas que tienen como cliente único o principal a una Administración que, bien sea a nivel estatal, bien regional, bien local, está dejando de pagar en tiempo y forma. ¿A quiénes van a conceder entonces un crédito los bancos?

Las cosas serían distintas si las expectativas para la economía española fueran mejores. Sin embargo, cada nuevo informe sobre nuestro país de algún organismo internacional pinta un panorama peor que el anterior. Y el Gobierno sigue sin hacer nada para modificar el signo de las cosas. Sin mejores expectativas, obviamente bancos y cajas seguirán optando por la prudencia.

Si el Ejecutivo quiere que el crédito vuelva a fluir y los tipos de interés bajen, lo que tiene que hacer es empezar a gobernar, o sea, a tomar medidas para afrontar la crisis, por impopulares y duras que sean; entre ellas, la de acometer de una vez por todas la reforma laboral, como acaba de decirle el Fondo Monetario Internacional, o la de aplicar la tijera a todo gasto público innecesario, superfluo o que derive de compromisos electorales, un lujo que en estos momentos no nos podemos permitir. Lo que no puede hacer es andarse con amenazas porque, además de poner nerviosa a mucha gente, deja bien patente que Zapatero y su equipo no saben lo que hay que hacer, o no quieren llevarlo a cabo. No sé cuál de las dos cosas es peor. Lo que sí puedo decir es que la amenaza como único recurso para desviar responsabilidades es del todo punto contraproducente.

El Sr. González es profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid. Comentarista político en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

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