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¿Amnesia colectiva en el Perú?

El presidente ecuatoriano Carlos Alberto Arroyo del Río dijo hace más de 50 años que la enfermedad nacional era la amnesia. Y ciertamente no han sido pocas las manifestaciones de tal padecimiento. Nos queda el amargo consuelo de que no somos los únicos afectados por tan perniciosa dolencia. "Mal de muchos, consuelo de tontos", dice la sabiduría popular, y ahora vemos como posible que el outsider coronel Ollanta Humala pase a la segunda vuelta, y, en opinión de los entendidos, con el apoyo del tercero en discordia, el célebre ex presidente Alan García, puede ser ungido presidente del Perú.

Blasco Peñaherrera Padilla
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Tal situación me parece sintomática de una amnesia colectiva de graves proporciones, porque si bien el coronel torturador y golpista no tiene antecedentes de gestión pública, no ha cesado de proclamar su devota admiración por el celebérrimo dictador general Juan Velasco Alvarado, quien, luego de derrocar al presidente constitucional Fernando Belaúnde Terry, instauró el 3 de octubre de 1968 una dictadura de fanfarria demagógica, abusos y desatinos que en siete años destruyó la economía y la sociedad peruanas con la fuerza de un tsunami.
 
El zafarrancho comenzó con la apropiación a mano militar de las instalaciones petroleras de la empresa norteamericana International Petroleum Company, por las que se anunció que no se pagaría "ni siquiera un céntimo", al ser "de propiedad indiscutible y soberana del pueblo peruano". Tal acción y las que luego se perpetraron contra instalaciones mineras de empresas multinacionales trajeron como consecuencia que el Gobierno estadounidense aplicara al Perú la llamada "Enmienda Hickenlooper", que implicaba la pérdida de la cuota preferente en el mercado azucarero y la suspensión de créditos, con lo que se obligó al "Gobierno revolucionario" a pagar, cinco años más tarde (el 9 de agosto de 1973), una indemnización de 76 millones de dólares, que era casi el triple de la que había sido acordada originalmente con el Gobierno de Belaúnde.
 
También al inicio del llamado "septenato transformador" se puso en marcha un proceso de reforma agraria que tenía como finalidades "el incremento de la producción, el abastecimiento pleno de las necesidades alimenticias del pueblo peruano y la instauración de la justicia social ancestralmente negada al campesinado". Cuatro años más tarde, el escritor René Porras Melgar dijo con ácido sarcasmo: "Ahora sí se ha conseguido la justicia social; hoy en el Perú todos somos iguales: todos tenemos hambre".
 
Velasco Alvarado.Es que las cifras y los hechos eran de escalofrío: los precios de los alimentos aumentaron en promedio diez veces; las importaciones de trigo, carne, leche, fréjol, y hasta de maíz y patatas, ascendieron de menos de 6.000 millones de soles en 1968 a más de 15.000 en 1976; el desempleo y el empobrecimiento del campesinado, sobre todo en la región andina, alcanzó las más altas cifras de la historia.
 
Algo parecido aconteció en el sector industrial. El 28 de julio de 1970 se inició la llamada "reforma de la empresa", que, según el hiperbólico general, habría de constituir "uno de los más notables experimentos de organización social y económica de nuestra época". Fue notable, pero por su estupidez. La virtual estatización de las empresas y la consolidación de privilegios de absurda desmesura a los trabajadores produjo una caída casi perpendicular del crecimiento industrial: del 9% en que se había mantenido desde la década de los 50 al -1,2%, la primera cifra negativa en la historia industrial del Perú. La inversión, que se había mantenido en una tasa superior al 70%, descendió al 5%, y la reinversión con fondos propios se redujo de 787 millones de soles en 1972 a cero en 1975.
 
Así las cosas, el desempleo urbano subió de 180.000 a 250.000; los salarios reales de los trabajadores se redujeron en un trágico 42%, y los precios de los productos manufacturados de consumo general aumentaron diez veces. Para completar el calamitoso cuadro, el déficit fiscal, que en la época de Belaúnde oscilaba en torno al 5%, llegó a un escandaloso 25%, y el endeudamiento externo, de 800 millones de dólares, uno de los argumentos utilizados para derrocar al presidente constitucional, se disparó a 5.000 millones.
 
Para remate de semejante descalabro, Velasco Alvarado optó por estatizar virtualmente todos los medios de comunicación, que supuestamente fueron entregados a diversos "sectores sociales" pero en realidad pasaron a ser manejados por un grupillo de intelectualoides y escritorzuelos incondicionalmente sumisos. Toda esta suma de atropellos y torpezas colmó la paciencia de los jefes militares, quienes, liderados por el general Francisco Morales Bermúdez, destituyeron al dictador el 29 de agosto de 1975 e iniciaron la ardua tarea de reconstrucción.
 
Entonces, ¿cómo calificar la insólita reacción del pueblo peruano en favor de quien aspira a ser el renuevo de su admirado maestro? Pues, sin duda alguna, como un caso clínico de amnesia colectiva.
 
 
© AIPE
 
Blasco Peñaherrera Padilla, ex vicepresidente de Ecuador y periodista.
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