Medios como CBS News y Los Angeles Times e institutos como el Center for Public Integrity han informado de prácticas escandalosas en el Buró para el Alcohol, el Tabaco, las Armas de Fuego y los Explosivos (ATF). El senador por Iowa Chuck Grassley (republicano) está investigando unas denuncias contra unos supervisores de la ATF, acusados de ordenar a agentes fronterizos que dejaran hacer sus negocios a traficantes de armas. Dos de las armas así pasadas de un lado a otro de la raya aparecerían posteriormente en un tiroteo que costó la vida a un miembro de la Patrulla Fronteriza.
El agente especial de la ATF John Dodson ha declarado que los agentes de la oficina de Phoenix recibieron la orden de dejar comprar armas a conocidos traficantes. El operativo Rápido y Furioso, se dice, tenía por objeto ayudar a los investigadores a seguir la pista de los traficantes de bajo nivel para así dar con los peces gordos. Eso justificaría el permitir la compra ilegal de unas pocas armas, pero lo cierto es que hay agentes que afirman que pronto se pasó a las compras de cientos y miles de armas.
Hubo agentes que advirtieron a sus superiores sobre la cantidad de armas vendidas y sobre el aumento de la violencia en la frontera, pero se les dijo que el operativo había sido aprobado en el cuartel general de la AFT. Y que si no les gustaba su empleo podían trabajar como oficiales encargados de la detención de delincuentes en el condado de Maricopa, con un salario anual de 30.000 dólares.
Dodson dio a conocer esta información luego de enterarse de que dos de las armas así adquiridas aparecieron, como ya hemos comentado, en el lugar en que perdió la vida el guardia fronterizo Brian Terry. Visiblemente conmocionado, Dodson concedió una entrevista a la reportera de la CBS Sharyl Attkisson.
Las presuntas ilegalidades cometidas al amparo de la ATF son aun más preocupantes cuando se tiene en cuenta la guerra contra las drogas que se libra en México. Ahora bien, el problema no son los comerciantes que venden armas legalmente en EEUU.
Los medios de comunicación –por ejemplo, Reuters– han insistido en que, en México, "nueve de cada diez armas" halladas en escenarios del crimen provienen de comercios estadounidenses, pero esa estadística ha sido refutada: y es que sólo recoge las que figuran en los registros del FBI. Cuando se tienen en cuenta todas las armas incautadas en México, el resultado es sensiblemente distinto: sólo el 17% procede de EEUU.
Hay un montón de lugares donde los cárteles pueden comprar armas, aparte de en el mercado minorista estadounidense. Buena parte de las armadas exhibidas ante la prensa no pueden adquirirse legalmente en EEUU sin el visto bueno de la ATF y el jefe local de policía (por ejemplo, las escopetas de cañón corto). Los morteros y las ametralladoras de nueva generación no están disponibles en las ferias de armas. Así que reforzar los controles de armas que pesan sobre el americano medio no tendría efecto alguno en la capacidad de los cárteles para hacerse con armamento militar.
Para hacerse con ese tipo de armas, los cárteles lo que hacen es publicar anuncios en los que llaman a los policías y militares mexicanos a pasarse a sus filas con armas y bagajes, nunca mejor dicho. Por otro lado, se ha creado un floreciente mercado negro con los remanentes de las ya sofocadas guerras latinoamericanas. Todavía queda la cuestión de las exportaciones estadounidenses, pero éstas, cuando son legales, están supervisadas por el Departamento de Estado.
El Congreso debería ser capaz de comprender que las leyes relativas al control de armas están plenamente en vigor. Pero no parece ser el caso. El Congreso debería averiguar por qué, y la ciudadanía tendría que tener todo esto en cuenta la próxima vez que el fiscal general Holder o el presidente mexicano, Felipe Calderón, hablen de la necesidad de una nueva proscripción de las armas de asalto.
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DAVID RITTGERS, abogado y miembro del Cato Institute.