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EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

La desigualdad bajo Bush

Kenneth Lay y Jeffrey Skilling dirigieron Enron hasta que en 2001 se descubrió la estafa que habían realizado. El pasado 25 de mayo fueron considerados culpables de fraude y conspiración. Se enfrentan, respectivamente, a penas de un máximo de 45 y 185 años de cárcel.

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El colapso de Enron llegó poco después de la llegada de Bush a la Casa Blanca, y en buena medida ha quedado relacionado con éste. Es verdad que durante los grandes años de Enron, cuando las acciones llegaron a cotizarse a 90 dólares, Bush era gobernador de Texas, y los directivos de Enron, contribuyentes importantes a las campañas republicanas. Pero la estafa de Enron también se produjo bajo la presidencia de Clinton, en unos años de euforia financiera. La exuberancia de aquellos años, por emplear el término que utilizó entonces Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, se purgó después.
 
La reacción de la nueva Administración republicana fue característica. Más que aumentar el control por parte del Gobierno, la Administración Bush apoyó una ley destinada a reforzar la transparencia de una economía en la que los propietarios de acciones tienen una importancia central y en la que, por tanto, la confianza resulta esencial. Fue la Ley Sarbanes-Oxley, votada en julio de 2002 con una amplísima mayoría en el Congreso, poco después de que otro escándalo típico de los años 90, el de la telefónica WorldCom, pulverizara el abultado y lastimoso récord de Enron.
 
La Ley Sarbanes-Oxley pone el peso de la responsabilidad en los directivos de las empresas, a los que responsabiliza, incluso penalmente, de cualquier irregularidad contable, y está en la línea de otras medidas históricas, como la puesta en marcha, después de la Depresión, de la Securities and Exchange Comission por el presidente Roosevelt, y la campaña del presidente republicano Theodore Roosevelt contra los grandes empresarios, que culminó en la legislación anti trust.
 
El padre Sirico.No todo el mundo acogió con gusto la Ley Sarbanes-Oxley, considerada demasiado intervencionista por una parte de la derecha. Pero, a diferencia de las reformas que se hubieran considerado necesarias en un país europeo, testimonia, como sus predecesoras, una confianza casi ilimitada en el capitalismo y en la capacidad de éste para regenerarse.
 
El padre Robert Sirico es el fundador del Acton Institute, con sede en Grand Rapids, Michigan, y dedicado a estudiar y promocionar la libertad económica según presupuestos éticos católicos. Cuando el padre Sirico –debo esta anécdota a Gabriel Calzada– se cruza con algún grupo de muchachos que intentan ganar unos dólares vendiendo refrescos, camisetas, cupones o lo que sea, para el coche y se baja para felicitarles y animarles en su empeño de ganar dinero sirviendo a las necesidades y los deseos de los demás.
 
Para los norteamericanos resulta obvio que la primera responsabilidad social de un empresario es ganar dinero. Luego, como demuestran los altos porcentajes de donaciones filantrópicas –muy superiores a las de los países europeos­–, viene el altruismo y, llegado el caso, el servicio público. Por su parte, los europeos siguen desconfiando de quienes ganan dinero. Salvo casos muy raros, como el de Berlusconi, a los europeos no les gustan los empresarios metidos a políticos y prefieren a los políticos profesionales. (En Estados Unidos, éstos abundan más entre los demócratas). En el fondo, a quien más admiran los europeos parece a ser quien consigue una generosa jubilación anticipada.
 
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Los gigantescos esfuerzos de los gobiernos europeos, ampliamente respaldados por la mayoría y encaminados a domar el llamado "capitalismo salvaje", no han tenido nunca éxito en Estados Unidos. Por supuesto que también allí hay, como en los países europeos, regulaciones sobre medioambiente –a veces muy farragosas, como en California–, restricciones de horarios para el trabajo o protección del consumidor. Pero suponen un peso mucho menor que en Europa. El mercado de trabajo no está sujeto a las inflexibilidades que padece aquí. En ninguna economía desarrollada es más fácil que en Estados Unidos formar una empresa, cerrarla, declararse en quiebra, contratar y despedir a un empleado.
 
El salario mínimo se introdujo en 1938, tres años después de un primer intento frustrado por la oposición del Tribunal Constitucional. Clinton lo amplió, en cierto modo, al permitir que cada estado legisle un salario mínimo superior al fijado por el Gobierno central. Desde entonces 18 estados han establecido salarios mínimos superiores al de 5,15 dólares la hora, fijado en 1997. El senador demócrata Edward Kennedy está proponiendo un aumento hasta 7,25, y otros demócratas su indexación a la subida de precios anual.
 
El debate está servido para las próximas elecciones. La Administración Bush, debilitada como está, se ha mostrado abierta al diálogo, siempre que las propuestas de aumento no amenacen, como ocurre en los países europeos, la creación de empleo.
 
El debate se inscribe en otro más amplio acerca de la desigualdad en la sociedad norteamericana. La confianza en el capitalismo, que forma parte de la identidad nacional de Estados Unidos, ha llevado aparejada una tolerancia hacia la desigualdad inaceptable en los países europeos. Sin duda alguna, Estados Unidos es el país más desigual entre los desarrollados.
 
En 2004, el 10% de los hogares más ricos poseía el 69,5% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre poseía sólo el 2,5%. Según estudios anteriores, el 1% más rico –de entre la franja más rica– poseía más o menos un tercio de ese 69,5%, y el 9% siguiente otro tercio. (De lo que se deduce que la desigualdad también es grande entre los muy ricos y los súper ricos).
 
La desigualdad, por otra parte, ha crecido en los últimos años. Según la última Encuesta de Finanzas de Consumo de la Reserva Federal, citada por La Gaceta de los Negocios el pasado 27 de mayo, en 2004 las rentas sólo aumentaron para el 25% de las familias más adineradas. Al mismo tiempo,
 
"el patrimonio medio del 25 por ciento más pobre de la población descendió desde alrededor de cero dólares en 2001 hasta menos de 1.400 dólares en 2004, lo que significa que se han convertido en deudoras. Los incrementos de patrimonio, por su parte, sólo fueron relevantes para la mitad más rica de los consumidores, especialmente para el 25 por ciento más adinerado".
 
Mientras que en 2004 las familias más ricas –con ingresos superiores a los del 90% de los hogares norteamericanos– tienen de media propiedades por valor de 831.600 dólares, las situadas en la clase media poseen de media bienes por valor de 93.100 dólares (casi nueve veces menos). Aún menos –62 veces menos– poseen las familias situadas en el 25% de menores ingresos, muchas de ellas deudoras puras.
 
En 1980 el salario medio de un ejecutivo era de 40 veces el de un empleado medio. En 2004 era 400 veces mayor. Pero Micklethwait y Wooldridge, que proporcionan este dato en su libro sobre la derecha norteamericana, cuentan también cómo cuando Robert Goizueta, el presidente de Coca-Cola, intentó en los 90 justificar ante los accionistas un sueldo anual de 80 millones de dólares, fue interrumpido en cuatro ocasiones… con aplausos. Todo depende de lo que esos directivos hagan ganar a sus accionistas.
 
Se explica así el escaso éxito que suelen tener en Estados Unidos las propuestas políticas populistas en el sentido europeo, como la de Al Gore en 2000. Al Gore apeló al voto del pueblo contra los poderosos, pero no como Ross Perot, que lo hizo en nombre de un ideario libertario, sino a favor de un mayor intervencionismo. Todavía anda preguntándose si volverá alguna vez a presentarse a unas elecciones.
 
El problema no es por tanto la desigualdad en sí, aceptable por ser natural e incluso necesaria, ya que muestra razonablemente quién ha trabajado más, quién ha visto mejor las oportunidades y quién ha sido capaz de comprender lo que necesitan o desean los demás. El problema apunta cuando la sociedad no es capaz de garantizar la libertad que a su vez hace posible la movilidad, una segunda oportunidad (para quien fracase una vez) y el progreso general.
 
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Desde finales de 2000, es decir desde la llegada al poder de Bush, el PIB de Estados Unidos ha crecido un 8,4%, pero el salario semanal ha descendido un 0,3%. Desde el fin de la recesión de 2001, buena parte del crecimiento del PIB por persona –es decir, la productividad– ha ido a parar a los beneficios, no a los salarios. Esto refleja la menor capacidad de negociación ante la posibilidad del desempleo y el uso de la tecnología para recortar costes por parte de las empresas. Por otra parte, las rentas del trabajo como parte del PIB han caído desde el año 2000 del 58 al 57%, mientras que las de los beneficios han aumentado hasta casi el 9%, desde el 6% en 2000.
 
De media, las familias en el 10% superior de ingresos han visto aumentar éstos en un 4,5% desde 2001, y un 71% desde 1995, mientras que las familias de clase media sólo han aumentado sus ingresos en un 1,5% desde 2001 y un 31% desde 1995. Según algunos analistas, sólo las salvan las subidas de precios en las viviendas de las que son propietarios.
 
En resumen, y añadidos estos datos a los anteriores: la clase media de EEUU, en la medida en que depende del salario que recibe, no se ha visto beneficiada por el extraordinario crecimiento de la economía de los años Bush. No sólo está estancado –desde antes– el salario mínimo. También lo está el precio medio de la hora trabajada, es decir, lo que gana el 80% de los que no son directivos ni supervisores. En marzo de 2006 era incluso más bajo de lo que era en el mismo mes del año 2000.
 
La percepción pesimista se acentúa por el crecimiento de los tipos de interés ocurrido en estos años, el aumento del precio de la energía y el gasto asumido por EEUU en la liberación y democratización de Irak. Los precios de la vivienda, en cambio, empiezan a estancarse, y sigue aumentando, hasta el 15,5% de la población, el número de quienes no tienen seguro médico.
 
La sensación de inseguridad y estancamiento se impone al dato objetivo del crecimiento. Son algunas de las razones que pueden explicar que la Administración Bush, habiendo tenido tanto éxito en la economía, tenga al mismo tiempo tan poca credibilidad en la opinión pública.
 
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Caben, aun así, algunas matizaciones a este análisis. Una es que, a pesar de todo, los ricos aumentan muy poco (del 67,4% en 1989 al 69,5% en 2004) su participación en el conjunto de la riqueza. Al final parece cumplirse la predicción de que el aumento de la riqueza por arriba se acaba traduciendo siempre –en condiciones de libertad económica– en un aumento general de la prosperidad.
 
Los pobres, por otra parte, han visto variar su situación considerablemente. La Oficina del Censo califica como pobres a quienes pertenecen a familias de cuatro miembros con ingresos inferiores a 20.000 dólares al año. En 2004 formaban el 12,7% de la población. No ha variado con respecto a 1968, cuando su número alcanzaba el 12,8%.
 
Ahora bien, resulta que un 93% de estos pobres tienen televisión, un 50% tiene aire acondicionado y un 46% son propietarios de sus casas.
 
Además, según los últimos datos de la Oficina del Censo, si se tienen en cuenta los ingresos de los residentes en cada casa, y el valor de ésta, el porcentaje desciende hasta el 7,9%. Y si se cuentan los pagos en efectivo realizados por el Gobierno a título de ayudas, cartillas para alimentos y subvención directa a la vivienda (excluidos los 2.000 dólares que los pobres reciben anualmente por medio del programa Medicaid y los beneficios no percibidos en efectivo), resulta que el porcentaje desciende aún más, hasta el 5,1%.
 
En los dorados años 50, cuando reinaba indiscutido el consenso progresista, la tasa de pobreza era del 22% de la población.
 
La idea europea de que en Estados Unidos no existe una red de solidaridad social es errónea. No está tan centralizada como aquí –se distribuye entre el Gobierno central, los de los estados y los municipios–, y además el seguro médico no cubre a todo el mundo. Pero está ahí, y contribuye a que ese casi 13% de la población situado por debajo del umbral de pobreza viva considerablemente mejor que antes.
 
Finalmente, hay que subrayar que la población norteamericana no ha perdido su proverbial optimismo. A los norteamericanos les sigue gustando el éxito que premia a los ganadores. Y ellos mismos se siguen considerando ganadores. Según una encuesta del año 2000, un 19% de los contribuyentes norteamericanos pensaba que se encontraba entre el 1% de los que tienen ingresos más altos. Y otro 20% estaba seguro de que llegaría a pertenecer a esa minoría en el curso de su vida.
 
Lo que ahora reprochan a Bush es que –según perciben– les está impidiendo llegar adonde ellos creen que deben estar. No es un prejuicio ideológico, ni tiene nada que ver con el resentimiento propio de muchos progresistas.
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