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ECUADOR

La violencia como herramienta de protesta

Hace poco más de cinco años, el presidente Lucio Gutiérrez fue derrocado. El otro jueves hubo una rebelión (no un golpe, ni siquiera un conato de golpe), protagonizada por elementos de la policía nacional. Una rebelión que podemos considerar una de las consecuencias del paternalismo estatal.

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Las manifestaciones violentas de carácter reivindicativo se han vuelto cotidianas en el Ecuador debido a una creencia ancestral en el paternalismo, actualmente representado por el Estado.

Los estratos más pobres de la población, como los indígenas, han venido dependiendo –en tiempos de la Colonia, en los albores de la época republicana y probablemente antes de la llegada de Colón a América– del patrón, del potentado, del caudillo. Quien no tenía padrinos no se bautizaba, decía el refrán. Debido a lo precario de su situación, precisaban de palancas y enchufes. El caudillismo no era más que el reflejo de la necesidad social de un protector. Éste, es claro, a cambio obtenía sumisión y mano de obra barata o gratuita.

Este estado de cosas comienza a cambiar en los años 70, cuando la bonanza petrolera facilita la expansión del Gobierno, que pasa a ser el nuevo patrón. El paternalismo personalista se torna paternalismo estatal. La generalidad de la población sigue aferrada al pasado, sigue pidiendo un amo.

Fue precisamente en la década de los 70 cuando comienzan a tomar fuerza las manifestaciones para reclamar al Gobierno-patrón que cumpla sus promesas. La primera bonanza petrolera tocó a su fin, pero las exigencias de la población siguieron ahí.

Las manifestaciones se han ido volviendo cada vez más violentas. Exacerbados los ánimos por la izquierda radical revolucionaria, los maestros, los trabajadores en general y los indígenas aprendieron que se pueden lograr prebendas y beneficios del Estado –derechos adquiridos, lo llaman– a base de quemar llantas, cerrar carreteras, romper vidrios o pegar tiros. La Constitución vigente institucionaliza la generosidad del Estado con la plata ajena.

Los casi cuatro años de la presidencia de Correa han estado signados por una segunda bonanza petrolera, lo que ha permitido al Gobierno de Alianza País regar favores a diestra y siniestra. El gasto público pasó del 24% del PIB en 2006 al 40% en 2009. Se estima un presupuesto de 16.857 millones de dólares, pero como no va a haber fondos suficientes –ni con el petróleo ni con los impuestos bastará–, se estima que el déficit para el 2010 llegará a los 4.000 millones. Para tener una idea de cómo ha crecido el gasto del Gobierno central, tengamos presente que el déficit del año 2009 (2.635 millones) constituye un 80% de todo lo que se gastó en 2000; hace 5 años el gasto del Gobierno ascendía apenas a 6.232 millones.

Las protestas de la Policía Nacional las desencadenó una ley que, entre otras cuestiones, planeaba reducir las bonificaciones de los agentes y prolongar el mínimo de años de servicio que éstos debían cumplir para poder recibir indemnizaciones (de 5 a 7). Cuando se propone un poco de austeridad, la costumbre de recurrir a la violencia para conservar prebendas cobra nuevos bríos. 

Los maestros han salido a la calle una y otra vez para reclamar aumentos salariales o, la última vez, para denunciar que se les exigiera evaluación. Los indígenas protagonizaron un gran levantamiento en 1990, y recientemente también se movilizaron porque no se les permite controlar los recursos hídricos. Los estudiantes se manifiestan cada vez que los dirigentes de la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador) deciden que sus derechos han sido violados, y desde luego que lo harán cuando se resuelva que no habrá más educación superior gratuita. Los taxistas paralizan las ciudades para que no se permita la competencia que les hacen los mal llamados piratas. Igual sucederá cuando a los empleados públicos se les pague con condoritos en vez de con dólares, cuando no se pueda seguir subsidiando el gas a las amas de casa de clase media, etcétera.

En definitiva, cuando se acabe la plata ajena, ¿arderá Troya?

 

© El Cato

FRANKLIN LÓPEZ BUENAÑO, profesor de Economía en las universidades de San Francisco (Quito) y Tulane (Nueva Orleans).

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