En un contexto de fuertes restricciones del gasto público para dilatar algo en el tiempo nuestra ruina como país, a ver si la economía europea se recupera lo suficiente antes de que tengamos que pedir el rescate financiero, la alcaldesa de Madrid sigue empeñada en que los Juegos Olímpicos de 2020 se celebren en la capital de España. O no tiene mucho trabajo o está mal aconsejada. Debería hablar más con su señor esposo.
En Quebec, ciudad referencial para el nacionalismo patrio, el Comité Olímpico ha hecho la primera criba de ciudades candidatas dejando fuera a Doha, y eso que los qataríes tiran de petrodólares con una facilidad pasmosa, como acredita el rótulo que exhiben los jugadores del F.C. Barcelona a cambio de un suculento patrocinio. El problema con que se ha encontrado Qatar es el desierto arábigo, que metes a mil tíos a hacer deporte de élite en pleno mes de junio y no quedan ni los jueces de la gimnasia rítmica, los que menos se mueven en una Olimpiada.
Ahora sólo nos queda la esperanza de que Tokio o Estambul se alcen con el premio y nos eviten así la ruinosa financiación de semejante espectáculo mundial.
Gallardón tiene la culpa, claro. Su empeño en colocar a Madrid el marchamo de ciudad olímpica nos ha costado ya miles de millones de euros, sin que hasta el momento se vea el menor resultado. Pero como los españoles somos raza terca, y nuestros políticos tienen la cabeza como el pedernal, en lugar de arrumbar en el desván de la megalomanía este monumento al derroche colectivo han decidido seguir insistiendo hasta que al final consigan traerse las Olimpiadas para no ser menos que Barcelona.
Qué tiempos aquellos, comienzos de los años 90 del siglo pasado, cuando con 12.000 escasos millones de euros podías organizar unos Juegos Olímpicos y una Exposición Universal en el mismo año, y eso que en el camino se quedaron varias sacas de pellones en los enjuagues tradicionales que este tipo de proyectos traen inevitablemente aparejados.
En los tiempos actuales, con dos billones de pesetas apenas tienes para engrasar a los miembros del Comité Olímpico y poner la primera piedra de las dos o tres instalaciones señeras en las que se han de disputar los grandes eventos deportivos. Es cierto que Madrid cuenta ya con espacios deportivos adaptables para una competición de estas características, salvo las regatas de vela, por razones obvias no achacables a Gallardón, pero a nadie se le escapa que los años previos a una Olimpiada disparan el gasto público, sin contar con el enorme coste que supone la propia celebración de los juegos.
Si Madrid sale elegida el próximo año, nos encontraremos con un país en plena recesión que, además de la ruina propia de la economía, deberá afrontar el desastre financiero de la organización de unos Juegos Olímpicos, inversión ruinosa donde las haya; y es que, salvo Atlanta, donde se cobraron patrocinios hasta por los productos dopantes de los atletas convocados, ninguna ciudad ha conseguido jamás hacer rentable una Olimpiada.
Paren las máquinas, detengan los economistas sus recopilaciones de datos para determinar cuándo comenzará nuestra recuperación y relájense todos, que diría el gran Chiquito de la Calzada. Si hasta el momento el acuerdo entre los entendidos es que en 2020 España volverá a los niveles de riqueza de 2006, en caso de que el COI nos haga la putada de elegir Madrid habrá que alargar el plazo al menos otro lustro.
Y total para nada. Despedidos nuestros grandes expertos en rendimiento deportivo por cuestiones extradeportivas, probablemente en esa ocasión no nos llevaremos más allá de cuatro o cinco medallas en disciplinas menores. A dos mil millones de euros cada una, no sé a los técnicos del Consejo Superior de Deportes, pero a mí no me salen las cuentas. A doña Ana Botella parece que sí.
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