Desde el fin de la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas españolas han participado en dos tipos de operaciones en el exterior. Por un lado están las misiones humanitarias: las relacionadas con catástrofes naturales –la última, la desencadenada por el terremoto de Haití en enero de 2010, donde España envió un destacamento de la UME y una misión posterior de 450 militares–; humanas, como la de Chad, motivada por el desplazamiento de refugiados; y las misiones de verificación, interposición u observación de alto el fuego: caso de Líbano o la ex Yugoslavia.
Por otro lado, están las misiones de guerra lideradas por nuestros aliados, a las que España ha acudido en solidaridad con ellos, y en las que nuestras tropas han jugado un papel de apoyo secundario, logístico o de reconstrucción y nation-building. La última, la guerra librada contra el gobierno de Libia en 2011, pero a esta categoría pertenecen misiones como la de Atalanta en Somalia, Afganistán o Irak. Todas ellas polémicas, por la dificultad de librar guerras que los gobiernos se cuidan mucho de llamar así, y que colocan a nuestras tropas en una posición defensiva ante las agresiones.
¿Qué queda más allá de los dos tipos de operaciones que han desarrollado las Fuerzas Armadas en la últimas dos décadas, internacionales y "de paz"? En primer lugar, es aún posible que algunas de las misiones en curso degeneren de manera rápida e inesperada para los españoles. Peligroso es el devenir de los acontecimientos en Líbano, país sometido a los vaivenes de la región, y donde la guerra puede ser abierta y repentina. No sólo se trata de las misiones donde nuestras tropas participan: otros escenarios ahora no problemáticos –caso de Libia– pueden arrastrar a nuestros aliados a conflictos mayores, lo que puede exigir una decisión española al respecto.
Otra de las más o menos novedosas misiones de las Fuerzas Armadas en este nuevo siglo es su empleo en misiones de seguridad interior, en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado. El caso de los despliegues efectuados tras los atentados del 11 de marzo de 2004 muestra que en determinadas circunstancias de excepcionalidad el ejército apuntala la seguridad interior. Y seguirá siendo así. En parecida línea, está el patrullaje de costas en prevención de actividades terroristas o de tráfico ilegal de personas, drogas o armas, desarrollado hoy por Active Endeavour en el Mediterráneo.
En tercer lugar, sigue siendo poco previsible un ataque directo a territorio nacional, salvo en un único caso: el de Ceuta y Melilla y el resto de posesiones españolas reivindicadas por Marruecos. La creciente presión popular sobre el régimen de Mohamed VI, y cualquier hipotético problema interior del régimen podrían volver a llevarle a presionar las fronteras españolas. De igual forma, si las reformas no surten efecto –y no está nada claro que lo estén haciendo– y la marea islamista que ya se extiende por Egipto, Túnez y Libia, llega a Marruecos, también nuestras ciudades se encontrarían en su camino. Por desgracia, la amenaza sobre Ceuta y Melilla proviene tanto de intereses nacionalistas del régimen marroquí, como de fuerzas islamistas en la región.
Con el progresivo final de las misiones humanitarias y la crisis de las alianzas internacionales, aún más que en las últimas dos décadas, el norte de África será el escenario más plausible de actuación militar española en defensa de territorio nacional. Escenario radicalmente distinto al relativamente benigno en el que se han desenvuelto las Fuerzas Armadas en los últimos años, las misiones internacionales "de paz": primero por su carácter realmente conflictivo; y segundo por su carácter plenamente nacional.