Todos los editoriales —excepto el de El País — respaldan la política económica del Gobierno y la actuación del ministro de Hacienda frente a Zapatero en el Congreso.
De El País podríamos decir, en el mejor de los casos, que sigue instalado, contra viento y marea, en un rancio keynesianismo que le lleva a criticar la política del equilibrio presupuestario y a defender la intervención del dirigente socialista en el Debate sobre los Presupuestos. Sin embargo —y como ya hemos señalado en otras ocasiones— ni siquiera el funesto Lord Keynes suscribiría todos los desvaríos o las simples mentiras en las que incurre El País. Así, su editorialista llega a afirmar, nada menos, que “los Gobiernos del PP han apostado por la creencia de que la financiación de los recursos públicos es un obstáculo para el crecimiento de la economía. La política del déficit cero ha tenido consecuencias negativas para el mantenimiento de los bienes públicos —las infraestructuras se deterioran sin remedio—, la educación o la inversión en investigación y desarrollo”.
Como ven El País, en este párrafo, no es que sostenga una teoría equivocada, es que hace una constatación falsa de la realidad. Los Gobiernos del PP no es que hayan "mantenido", es que han aumentado las partidas dedicadas tanto a infraestructuras, como a educación o I+D. Esto no es una opinión, es un hecho.
Lo que sí es una opinión, pero además muy cuestionable, es afirmar que “la propuesta económica del PSOE trata de enjugar la enorme distancia que separa la economía española de las sociedades más desarrolladas de la Unión Europea” y que “la sima en educación, protección social, carreteras e inversión tecnológica sólo puede reducirse con un esfuerzo financiero público”.
Venir a decir que las intenciones del PSOE son buenas y que los servicios estatales requieren recursos públicos es, en el mejor de los casos, una mema obviedad. Pero El País lo que pretende con ella es refutar al Gobierno, cuando la realidad es que la “sima” entre España y el resto de la Unión Europea no ha hecho más que menguar desde que gobierna el PP y que una cosa es que las partidas señaladas requieran financiación pública y otra, muy distinta, déficit y endeudamiento público.
El equilibrio presupuestario y una apreciable rebaja de impuestos han permitido a los Gobiernos del PP recaudar más gravando menos a los ciudadanos. Esta ha sido la política que ha permitido a España ser el país con mayor crecimiento económico de Europa. La política de déficit y endeudamiento que recomienda El País es, sin embargo, la que ha llevado a la recesión a países como Francia y Alemania.
El País, sin embargo, se limita a reconocer al final de su editorial que “el programa socialista, todavía en esbozo, tiene que adquirir perfiles más definidos, entre otras razones porque junto al sonsonete gubernamental del déficit cero está la realidad de un crecimiento sostenido durante siete años por encima de la media europea, que sitúa bastante alto el listón al PSOE”.
Esta tardía constatación del incomparable crecimiento español evidencia que el único “sonsonete” es la pesada y reiterativa crítica de El País al equilibrio presupuestario.
Gallardón, contra la política económica del PP
Desgraciadamente El Mundo es el único diario que dedica una merecidísima crítica a Ruiz Gallardón, quien, contra la línea marcada por su partido y, posiblemente, contra los mismísimos preceptos constitucionales, pretende elevar los impuestos haciendo aumentar hasta un 50% el IBI a las personas que tengan un piso o casa “vacía” con el objetivo de promover el mercado de alquiler y abaratar la vivienda.
El Mundo comienza señalando los problemas técnicos a los que se habrá de enfrentar el registro de las casa vacias: “Pretender que los propietarios declaren de forma voluntaria que poseen una casa susceptible de ser gravada es una ingenuidad. En cuanto a recurrir al registro del consumo eléctrico supone ignorar la existencia de sofisticados sistemas que hacen posible encender y apagar la luz de una casa a cientos de kilómetros de distancia”. Tambien nos podríamos preguntar cual es el consumo eléctrico mínimo que Gallardón exige para entender que la casa no está vacía.
Sin embargo, como dice El Mundo, “al margen de los problemas prácticos, la objeción al IBI es de tipo intelectual o, si se quiere, moral. ¿Por qué el dueño de una vivienda vacía tiene que pagar lo que no pagan quienes poseen otras formas de capital ocioso, como por ejemplo dinero depositado en un banco?”
La verdad es que podemos añadir muchísimos ejemplos más, tanto de problemas técnicos como de objeciones morales, jurídicas y económicas a esta medida. En primer lugar hay que preguntarse si la disposición del propietario a poner en alquiler su vivienda sería suficiente para evitar el incremento del gravamen. Si así es, al propietario podría evitarlo pidiendo una millonada que ningún inquilino estuviera dispuesto a pagar. Si, por el contrario, no basta la mera disposición del propietario de querer alquilar esa vivienda, el impuesto a la “vivienda vacía” se convierte de facto en impuesto a la “vivienda no alquilada”, por la que tendrían que pagar todos los propietarios con independencia del mucho o poco uso que hicieran de su segundas o terceras viviendas.
El monumental disparate de Gallardón ni siquiera sería aplicable, pues, si no se fija un precio político por el alquiler y un mínimo temporal de uso y disfrute que la ley obligaría a los propietarios para considerar que sus casas no están “vacías”. Eso, además de ser claramente inconstitucional, nos podría llevar al paradójico escenario de que un multimillonario que pasa cinco días al año —o el mínimo fijado por ley para entender que su casa no está “vacía”— en cada una de su múltiples viviendas no paga el incremento del IBI que sí paga el trabajador que tiene sus ahorros invertidos en una vivienda que reserva para un hijo o para la que, simplemente, no encuentra inquilino para el alquiler que pide por ella.
Hay que ser muy bruto y zoquete para creer que esta medida es viable y soluciona el problema de la vivienda. Para nosotros lo único que evidencia, por el contrario, es que ni siquiera se entiende donde está el problema. Lo que Gallardón evidencia con su disparatada propuesta es que no entiende por qué los propietarios mantienen “ociosos” unos bienes inmuebles que podrían reportarles unas rentas si los pusieran en alquiler. La razón no es otra que la falta de seguridad jurídica de los derechos de propiedad del arrendador y la falta de libertad contractual en este mercado.
Si los propietarios, por el contrario, tuvieran seguridad del inmediato desalojo del inquilino que incumple el contrato de arrendamiento y la certeza de que el inquilino no estará ocupando su propiedad más tiempo del que libremente ambos pactaron, muchos de ellos no renunciaría a esos ingresos extras que les facilita la puesta en alquiler de sus bienes inmuebles. Lo que pasa es que ahora muchos no quieren pillarse los dedos con indeseables contratos e indeseables inquilinos. Las barreras de salida ejercen como barreras de entrada y nadie mete con facilidad en su casa a alguien al que luego es muy difícil de sacar.