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TRABAJO

Bilma, por el empleo

¿Si usted fuera –a lo peor lo es– uno de los más de 4,5 millones de parados que hay en España, acudiría a los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE) en busca de un trabajo? Seguramente no, y haría bien en no perder el tiempo, ya que lo que menos hace el SPEE (antiguo INEM) es ayudar a colocar desempleados. ¡El promedio de colocaciones de sus más de 22.000 funcionarios es de un poco más de una persona al mes!

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Lo cierto es que la mayoría de los desempleados acude a las oficinas de los SPEE para el mero trámite que da acceso a las prestaciones contributivas y asistenciales. Es decir, los SPEE no son un servicio de mediación de empleo, sino una ventanilla donde se va a cobrar y no a buscar trabajo. Según los datos de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett; v. el Informe Regional del Mercado Laboral del 2º trimestre de este 2011), solo el 2,9% de las colocaciones es gestionado por los SPEE, mientras que las ETT son responsables del 13,8%; es decir, ¡las ETT colocan 4,8 veces más de gente que los SPEE, con sus 22.000 funcionarios!

Sucede también que algunos desempleados van a las oficinas de los SPEE para ponerse a la cola de algún curso de formación profesional, con la esperanza de encontrar algo que realmente les ayude a salir del paro. Con un poco de suerte, algunos tendrán acceso a un curso de formación, pero no les servirá de mucho, ya que las acciones formativas gestionadas por los SPEE difícilmente cumplirán las expectativas, puesto que tienden a centrarse en tareas poco especializadas, con un peso reducido de la formación específica y una duración insuficiente.

Los datos del Ministerio de Trabajo muestran que uno de cada cuatro desempleados que completaron un programa formativo en 2010 adquirió conocimientos genéricos de escaso valor formativo, y que la mitad de los desempleados formados participó en cursos de duración inferior a 200 horas. Solo uno de cada cinco completó un programa de 400 o más horas.

Estas cifras son extremadamente alarmantes en un país como España, donde cerca de dos terceras partes de la fuerza laboral no posee título alguno ni certificación de sus capacidades profesionales, y donde la formación continua es una excepción.

A pesar del evidente fracaso de la gestión pública de la inserción y formación laboral, la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, aseguró en una entrevista publicada en el periódico El Mundo el pasado día 9: "Los servicios públicos de empleo han respondido bien". A su juicio, los funcionarios de los SPEE tienen la disposición de trabajar y se sienten "capaces de hacerlo", pero faltaría "disponerse a tomar su gestión como un reto". Cosa nada asombrosa, habida cuenta de que los empleados funcionarios tienen el empleo asegurado, independientemente de su rendimiento.

Así las cosas, no cabe duda de la necesidad de dar un buen remesón a la rutina burocrática y hacer un cuestionamiento radical del escandaloso mal uso de nuestros recursos públicos, que las cifras indicadas ponen en evidencia. Con casi 5 millones de parados y un desempleo juvenil superior al 46%, no deberíamos conformarnos con menos.

Es por ello que debemos desmonopolizar el uso de los recursos públicos dedicados a la inserción y la formación laborales, introduciendo la competencia y dando voz, una voz decisiva, a los parados. Para lograr esto deberíamos abrir el sector a nuevas formas de colaboración público-privada, así como a que los desempleados elijan las mejores soluciones a sus demandas de apoyo y formación.

La Unión Europea planteó, ya en 2001, la necesidad de una reconversión o sustitución progresiva de las costosas oficinas nacionales de empleo por eficientes y más baratas agencias privadas de colocación. Se trata de que empresas privadas de intermediación y formación laboral colaboren en la tarea pública de proveer estos servicios. En países como Francia, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá, las compañías privadas se han convertido en un operador ágil y eficiente, que ofrece apoyo y asistencia al trabajador en función de sus necesidades y expectativas a lo largo de toda su trayectoria profesional. La colaboración público-privada en la gestión de los servicios públicos de empleo está así otorgando una solución global a las necesidades del capital humano en un entorno exigente, cambiante y plural.

Otro ejemplo interesante es Suecia. En este país, los bonos de bienestar (como el bono escolar, y muchos otros) se han introducido ampliamente a fin de aumentar la competencia entre los proveedores de servicios públicos y la libertad de elección de los ciudadanos. Este mismo sistema se extendió en 2009 a los refugiados políticos (que constituyen el grueso de la inmigración en Suecia), a los que se dio la posibilidad de hacer uso de un bono de inserción laboral en las agencias de empleo privadas de su elección. Esta decisión se basó en amplios estudios que establecían que las empresas privadas eran más eficientes para grupos vulnerables como son los refugiados. No hay mayor secreto: la empresa privada, a diferencia del servicio público de empleo, vive solo de su capacidad de servir bien a quienes solicitan sus servicios.

Mi experiencia en el mundo nórdico del empleo, así como las experiencias de tantos países, me permite creer que la ampliación de la oferta a través de la colaboración público-privada, combinada con una real libertad de elección de los usuarios, sería el punto de inflexión que podría dar paso a un sistema de apoyo al desempleado más dinámico y eficaz, que tanto necesita España.

Con las reformas introducidas por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre 2010, hoy sería posible, sin alterar el marco legal, llevar a la práctica una propuesta que elaboré ya el año pasado pensando en una comunidad dinámica como la de Madrid. Se trata de la herramienta Bilma (Bono de Inserción Laboral Madrileño), financiada con fondos públicos y que otorgaría a los desempleados la libertad de elegir, dentro del sector de colaboración público-privado, al proveedor que les otorgase la mejor oferta de un plan de reinserción laboral.

Los objetivos del Bilma serían los siguientes:

– Crear un sistema más dinámico y eficaz a través de la competencia y la libre elección de los usuarios, incorporando las empresas privadas de colocación (acreditadas ante el Servicio Regional de Empleo Estatal) a la elaboración y gestión de los programas de orientación, formación e intermediación laboral de responsabilidad pública.

– Ampliar la oferta para apostar, especialmente en tiempos de crisis, por la formación ocupacional con el fin de incentivar la pronta vuelta al mercado laboral y no las subvenciones por desempleo.

– Conferir al usuario la libre elección de un plan de reinserción laboral basado en sus necesidades específicas y asistido por las agencias profesionales, que competirán por su elección y que por ello se verán obligadas realmente a poner al usuario en el centro.

Una fórmula para incentivar la obtención de logros reales en términos de acceso al empleo podría ser que el cobro del bono fuera del 50% por cada usuario que haya establecido un plan de reinserción laboral y participado en alguno de los momentos de formación ocupacional contemplados en el mismo. El cobro del 50% restante se haría efectivo una vez lograda la inserción laboral y probado el seguimiento del cliente, a fin de que mantenga el empleo.

Lo importante no es quién tiene la gestión, sino que los programas de formación e inserción laboral de responsabilidad pública sean de calidad y eficaces, y que los usuarios estén satisfechos y también, por supuesto, que las leyes y las reglas se cumplan.

La experiencia de otros países es un excelente referente a la hora de pensar en reformas, con la certidumbre de que al final todas las sociedades se han visto enfrentadas a problemas similares.

 

ideasyanalisis.wordpress.com

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