Es el caso de la compraventa de cuotas de emisión de CO2, comercio nacido al socaire del famoso Protocolo de Kioto y por el que las empresas que emiten por debajo del límite permitido pueden vender sus excedentes a aquéllas que sobrepasan su cuota. Actualmente, la tonelada de "no contaminación" se paga a algo menos de un euro, pero llegó a cotizar a 30 euros en la bolsa Sendeco2, que es donde se negocian estos títulos.
Gracias a esta nueva industria de la "no contaminación", las empresas de cerámica gallega, por ejemplo, ganaron el año pasado vendiendo esas cuotas más que con la venta de los productos que fabrican. Desde el boom bursátil de las "puntocom" no habíamos asistido a un ejemplo más luminoso de cómo vivir vendiendo humo; en este último caso, literalmente.
Esta cuestión demuestra la capacidad innata del ser humano para detectar oportunidades de beneficio, eso que los teóricos llaman "empresarialidad" y que, con la teoría de la sostenibilidad y la amenaza del cambio climático, ofrece sin cesar grandes posibilidades a los más avispados.
Pero déjenme que les cuente un caso concreto de cómo sacar un suculento beneficio de la sostenibilidad. Mi amigo Manolo es el gerente de una empresa familiar dedicada a la producción industrial. Hasta ahora su línea de negocio se limitaba a la fabricación y venta de determinados productos, pero con el fomento de las energías renovables ha entrado en el circuito de las empresas que han encontrado en la sostenibilidad un filón. Sólo se necesita contar con espacio suficiente para instalar paneles solares y una cierta capacidad económica para afrontar los gastos de instalación de esa pequeña central eléctrica.La clave está en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo (aún mandaba Aznar), que establece las condiciones económicas y jurídicas para personas físicas y empresas titulares de instalaciones de energía solar. De acuerdo con dicho decreto, el distribuidor de energía eléctrica se obliga a pagar al productor un porcentaje de la tarifa eléctrica aprobada en cada ejercicio por cada kilovatio/hora inyectado a la red, todo ello garantizado mediante un contrato de 25 años. Naturalmente, ese dineral no sale de las arcas de la distribuidora, sino que es repercutido a cada consumidor en el recibo de la luz; pero es lo que tiene salvar al mundo, que resulta muy caro.
Según los cálculos de Manolo, su empresa percibirá en torno a dos millones y medio de euros con una inversión de 600.000, con la ventaja añadida de que este tipo de instalaciones cuenta con numerosas ayudas financieras y subvenciones de la Unión Europea, el Gobierno y las Comunidades Autónomas, lo que le permitirá amortizar la inversión en un plazo aún más breve.