Son muchos los norteamericanos que no soportan el humo del tabaco. Los hay que encuentran su olor muy desagradable, y los hay que padecen afecciones, como el asma, que pueden agravarse si alguien fuma en su presencia. Apenas se duda de que el humo del tabaco provoca molestias de este tipo, pero ¿qué consiguieron con ello los activistas antitabaco ante los tribunales o ante la propia opinión pública? Poca cosa.
De ahí que decidieran fabricar una grave amenaza para la salud pública. Así, en 1993 la Agencia para la Protección del Medioambiente (EPA) echó su cuarto a espadas con un estudio más falso que una moneda de siete dólares en el que se aseguraba que el humo inhalado por los fumadores pasivos era un elemento cancerígeno de primera categoría.
La EPA proclamó que cada año morían en Estados Unidos 3.000 fumadores pasivos. Pero había un problemilla. Como no pudo llegar a esa conclusión ateniéndose al nivel de confianza usual en las estadísticas, fijado en el 95%, decidió rebajarlo hasta el 90%. Como consecuencia de tal ajuste, se duplicó el margen de error... y las probabilidades de que la mera casualidad pudiera explicar las 3.000 muertes de marras. "Hay que reconocer que es insólito retomar un estudio cuando ya se ha llegado a unas conclusiones, rebajar el nivel de exigencia requerido y declarar los resultados obtenidos como representativos de la teoría que se está sosteniendo", dijo en su momento el Servicio de Investigación del Congreso (CRS). Lo cierto es que el CRS estaba siendo demasiado indulgente: si un estudiante hiciera una investigación de tal calaña, sería inmediatamente expulsado de la universidad; de cualquier universidad.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud publicó en 1998 el mejor y más vasto estudio sobre el humo del tabaco. Para sacarlo adelante se trabajó durante diez años en siete países europeos. Pues bien: dicho documento, que no gozó, precisamente, de una difusión a gran escala, concluía que los fumadores pasivos no estaban expuestos a riesgo alguno.
A finales de los años 90 pregunté a un funcionario de la Agencia Federal para los Medicamentos (FDA) si vería bien que las compañías farmacéuticas emplearan las técnicas estadísticas de la EPA a la hora de probar la seguridad y efectividad de sus productos. Me respondió que no.
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¿Es usted de los que abogan por el uso espurio de la ciencia para acabar de una vez con el molesto humo que se respira en bares, restaurantes, hoteles y centros de trabajo?
Puede que alguno de ustedes tenga ganas de decirme algo así como: "De acuerdo, Williams, éste es un caso claro de uso fraudulento de la ciencia. Pero ¿qué podemos hacer los no fumadores para librarnos del humo del tabaco?". Mi respuesta, entonces, sería: depende de qué prefiera usted, buscar soluciones al amparo de la libertad o de la tiranía.
Veamos primero la solución que brinda la libertad. Si es usted un no fumador que no soporta el humo del tabaco, puede dejar de hacer negocios (bien como proveedor, bien como cliente) con los bares, restaurantes, etcétera, que permitan fumar en sus dependencias. Evidentemente, un fumador puede hacer exactamente lo mismo con los bares, restaurantes, etcétera, que declaren "libres de humo" sus instalaciones. Ciertamente, los lugares públicos, como las bibliotecas, los aeropuertos o los locales municipales, cuya titularidad está mal definida, suponen todo un desafío. Turno ahora para la tiranía. ¿Qué solución propone, o mejor, impone? Pues que un grupo –aquél que sepa aprovecharse mejor del sistema político– imponga por la fuerza sus preferencias a los demás. A lo mejor considera un poco fuerte el término "tiranía". Si es así, imagínese que monta un bar para no fumadores y que los fumadores se valen del sistema político para forzarle, legislación mediante, a permitir que se fume. Estoy seguro de que entonces no tendría ningún reparo en utilizar el término "tiranía".
El debate sobre el tabaco se ha saldado como se ha saldado por obra y gracia del uso fraudulento de la ciencia. Mi pregunta es: ¿estaremos también dispuestos a permitir que se pervierta la ciencia para sacar adelante programas políticos que pretenden imponer restricciones al crecimiento económico en nombre de la lucha contra el calentamiento global?