A ambos grupos se les suele denominar en la jerga económica insiders y outsiders: los que están dentro y los que están fuera del mercado laboral. Y, obviamente, los de dentro y los de fuera tienen en muchas ocasiones intereses contrapuestos: los de dentro se quieren quedar donde están, para lo cual promueven la instauración de unas muy elevadas barreras de salida, y los de fuera quieren entrar, para lo cual deberían desear que esas barreras de salida (que también son de entrada) fueran lo más bajas posibles.
Inevitablemente, cuando tienes a una parte de la población muy protegida, la otra se encontrará muy desprotegida: las empresas necesitan dotarse de cierta flexibilidad para reajustarse ante cambios previstos o imprevistos del contexto económico. Si el 70% de la plantilla es intocable (no solo no se la puede despedir, tampoco puede ser objeto de cambios de puesto, ubicación, horario, salario, etc.), el otro 30% deberá ser completamente flexible, es decir, no podrá acceder a trabajo alguno salvo de manera intermitente y precaria (esto es, a través de unos contratos temporales que, como en España, para más inri, no pueden encadenarse más de dos años, so pena de transformarse en indefinidos, tienen inexorablemente fecha de caducidad).
Las cifras del mercado laboral español son tan sumamente escandalosas que deberían mover a una pausada reflexión a todo el mundo. Desde finales de 2006 (año en el que todavía crecíamos a ritmos engañosamente altos) hasta finales de 2011 (en crisis y recesión), el número de personas ocupadas se ha reducido en 2,2 millones: el empleo entre los trabajadores temporales cayó en 1,85 millones, el empleo entre los autónomos se redujo en 0,56 millones y la ocupación indefinida aumentó en más de 200.000 personas. Peor todavía: entre 2006 y 2011, el empleo entre los menores de 25 años (casi todos ellos en régimen de contratos temporales) descendió un 52%, mientras que el de los mayores de 25 (la mayoría de los cuales se rige por contratos indefinidos) apenas cayó un 6% (de hecho, la ocupación entre los mayores de 55 aumentó un 10%).
Evidentemente, si el paro se ha cebado de manera desproporcionada con los contratos temporales y con los jóvenes no ha sido por casualidad, sino a causa de la sobreprotección de los contratos indefinidos de los insiders. Dicho de otro modo: a los outsiders les hubiera interesado que la indemnización por despido de los contratos indefinidos no fuera tan elevada, pues de ese modo el desempleo se habría distribuido de manera mucho más equitativa entre unos y otros. ¿Intereses comunes de la clase trabajadora? En absoluto.
No obstante, la retórica sindicalista y socialista, heredera del marxismo cañí, ha conseguido hacer creer a muchos trabajadores que ese conflicto de intereses no existe, que todos se encuentran unidos contra la oligarquía patronal y contra el reaccionario gobierno del PP. A modo de opio para los parados, los sindicatos intentan convencernos reiteradamente de que el abaratamiento del despido contemplado en la reforma laboral del PP perjudica a la clase trabajadora toda, cuando evidentemente sólo perjudica a los insiders, que tendrán que competir con menos ventaja con los outsiders. No es ésta una reforma orientada a favorecer a los trabajadores, sino a los parados que aspiran a dejar de estarlo.
En realidad, ni siquiera perjudica a todos los insiders, sino sólo a aquellos cuya relación salario/productividad sea exageradamente desproporcionada con respecto al salario/productividad de los outsiders. A la postre, el empresario no tiene el menor incentivo para sustituir a insiders de eficacia probada por outsiders de fiabilidad incierta... a menos que el salario que perciben los primeros sea muy superior al que están dispuestos a percibir los segundos por igual trabajo.
De todas formas, conviene aclarar que la reforma del PP ni mucho menos acaba por entero con esta extrema dualidad laboral entre indefinidos y temporales: tan sólo se limita a moderarla rebajando un poco el despido. Pero una indemnización máxima de 180 días de salario sigue siendo lo suficientemente elevada como para que no se produzca un intercambio masivo entre insiders caros e ineficientes por outsiders baratos y eficientes.
Al final, la verdadera solución a este problema habría consistido en desregular por entero la indemnización por despido, de modo que ésta fuera consensuada entre empresario y trabajador. Uno y otro serían prudentes a la hora de pactar indemnizaciones desproporcionadas y desligadas del auténtico valor que genera el trabajador: el empresario, porque asumir una indemnización muy alta equivaldría a pagar muy carpo un posible error; el trabajador, porque comprobaría cómo las elevadas indemnizaciones equivalen, en realidad, a un seguro que él mismo estaría abonando al empresario a partir de su sueldo, cuyas primas tendería a moderar.
Pero, por supuesto, nada de esto se le pasó por la cabeza al PP, cuyas credenciales liberales se han demostrado inexistentes. Claro que los sindicatos ni siquiera tragan con una reforma manifiestamente parcial e insuficiente; acaso porque sepan que su privilegiada posición en la sociedad española depende de que mantengan su actitud frentista y populista ante cualquier intento de mejora y liberalización del mercado laboral.
Ya que nos ha tocado comulgar con las ruedas de molino de la huelga general, tengamos al menos claro qué intereses de clase defienden en la práctica estas subvencionadas centrales sindicales: no los de la clase trabajadora, sino los de la clase trabajadora más ineficiente y cara para la economía española. Vamos, la de aquella cuyo paradigma de funcionamiento es, justamente, el liberado sindical.