El gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, y el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, han exigido en un escrito que vuelva a prohibirse, a escala federal, la tenencia de armas de asalto. "La aprobación de dicha ley contribuirá en gran medida a proteger a aquellos que ponen todos los días sus vidas en peligro para salvaguardar las nuestras (...) No hay excusa para no hacerlo", dice la misiva que han remitido a los miembros de la delegación estatal en el Congreso.
El control de armas no nos va a proteger de los asesinos. Lo que necesitamos es protegernos del sistema penal que han ideado los políticos.
Según ha relatado el ex policía de Filadelfia Michael P. Tremoglie ("Who freed the cop-killers?" [¿Quién libera a los asesinos de policías?], Philadelphia Daily News, 8-V-2008), los tres sospechosos del asesinato de Liczbinski tenían historiales penales formidables. Si no hubieran sido puestos en libertad mucho antes de lo estipulado en sus condenas, el agente Liczbinski seguiría vivo. Así que, ¿quién es el responsable de su muerte, las armas o el sistema que permitió a estos delincuentes abandonar sus celdas antes de tiempo? En su artículo, Tremoglie habla de otros casos de policías asesinados por presos en libertad condicional.
Según un estudio publicado por el New York Times en abril de 2006, el 90% de los 1.662 asesinatos registrados en la ciudad de los rascacielos durante el período 2003-2005 fueron cometidos por delincuentes con antecedentes penales. De acuerdo con otra investigación, los homicidas que comparecen ante los tribunales de Massachusetts ya se las han visto con la justicia en otras nueve ocasiones. En su libro More Guns, Less Crime (Más armas, menos crímenes), John Lott informaba de que, en los 75 condados más populosos del país, más del 89% de los asesinos mayores de edad tenían antecedentes por delitos cometidos una vez alcanzada la mayoría de edad. Poco después del asesinato de Liczbinski, el gobernador Rendell declaró, en una conferencia de prensa a la que asistieron funcionarios electos y altos mandos policiales: "Ha llegado el momento de que los políticos decidan. Han de decidir si están del lado de los agentes de policía o del lobby de las armas". La segunda parte de la disyuntiva debería ser otra; ésta: "O de parte de los criminales y de los tribunales, de los fiscales y de los servicios de vigilancia penitenciaria, que llegan a acuerdos con los criminales y los sueltan para que se ceben con los oficiales de policía y los ciudadanos que respetan la ley".
Si hay una función básica del Estado, ésa es la de proteger a los ciudadanos de los criminales. Cuando el fracaso del Gobierno llega hasta el punto de que caen aquellos que están encargados de proteger la vida de los demás, los funcionarios se dedican a buscar cabezas de turco; sus preferidas suelen ser la Asociación Nacional del Rifle y otras organizaciones que luchan por conservar nuestro derecho a tener y portar armas, recogido en la Segunda Enmienda.
Se suceden los llamamientos a un más estricto control de armas, pero lo que se necesita verdadera y perentoriamente es un mayor control sobre los criminales.
Hay muchas leyes relacionadas con la responsabilidad civil subsidiaria. Pues bien, creo que habría que aplicarlas también a los encargados de conceder las libertades condicionales cuando los presos que han puesto en la calle cometen delitos violentos. Hoy en día no pagan precio alguno por ello. Me apuesto lo que sea a que si hubieran de afrontar las consecuencias, prestarían más atención al bien de la comunidad que al de los criminales.