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HUELGA GENERAL E IMPUNIDAD

De los delitos y las penas

En 1764 Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, publicó una obra señera, titulada De los delitos y de las penas, en la que sentó las bases de los futuros estudios sobre la proporcionalidad de los castigos. También reflexionaba Beccaria sobre el sentido de la reclusión y sobre la importancia de que, al dejar de serlo, el preso estuviera dispuesto a vivir conforme a las leyes.

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En el capítulo XLI, Beccaria llega a la conclusión de que el fin de toda buena legislación no ha de ser castigar los delitos, sino evitarlos, y que lo ideal sería que no hiciera falta penalización alguna. Una manera consiste en interesar a la ciudadanía más en la observancia de las leyes que en su corrupción. Otro método es el de recompensar la virtud, al objeto de que el individuo cumpla con la ley no sólo para evitar el castigo, también para ser premiado. Pero, por encima de todo, para Beccaria, seguidor de John Locke, Montesquieu, Claude Helvetius y Étienne Condillac, lo mejor era apostar por la educación.

Siglos después, Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992 por sus contribuciones a la microeconomía en materia de comportamientos y relaciones humanos, dedicó parte de sus investigaciones a analizar la racionalidad del comportamiento delictivo (v., por ejemplo, sus Essays in the Economics of Crime and Punishment). A juicio de Becker, es necesario hacer un análisis coste-beneficio no solamente desde el punto de vista del legislador, también desde el del delincuente. Becker apuntaba que los delincuentes, a la hora de infringir la ley, tienen en cuenta circunstancias como la probabilidad de que sean capturados, la severidad o lenidad de los castigos y las ganancias –no sólo monetarias, también en términos de prestigio– que pueden obtener.

El pasado 29 de septiembre, los sindicatos mayoritarios se sumaron a la huelga general convocada por los sindicatos europeos. Apenas hubo seguimiento. Para quienes vivimos en Madrid, la huelga fue menos dañina que una nevada. Pero en otros sitios, como en Barcelona, la huelga sirvió de excusa para el vandalismo. En la Ciudad Condal, los Mossos d’Esquadra detuvieron a 43 personas, de los que 34 tenían antecedentes por desórdenes, daños y actos de desobediencia; los servicios de asistencia tuvieron que atender a 81 personas, 49 de ellas mossos; el edificio del Banco Español de Crédito de la Plaza de Cataluña fue ocupado y destinado a cuartel general de las hordas vandálicas, hasta que fue desalojado por las fuerzas de seguridad.

Pues bien. De esos 43 detenidos, a fecha 5 de octubre sólo 10 habían declarado ante el juez, y sólo dos habían ingresado en prisión. El resto estaba en libertad, a la espera de ser llamados a declarar. Pero puesto que la mayoría son extranjeros residentes en España, es posible que sigan su tournée Erasmus-borroka y... si te he visto, no me acuerdo.

¿Qué mensajes lanza a los ciudadanos la justicia española? En primer lugar, que las fuerzas de seguridad no pueden defenderles siempre. A veces, la corrección política es más importante que cualquier otra cosa, incluso que la protección de la gente (y de sus propiedades). En segundo lugar, que los vándalos pueden sacar provecho de los acontecimientos políticos: en esas ocasiones, todo vale, y los compañeros y las compañeras les van a apoyar, aunque lo único que pretendan sea montar bulla o hacerse con unos pantalones vaqueros. Por último, pero no en último lugar, que la administración de justicia es tan incompetente que, incluso aunque los pillen, los vándalos prácticamente pueden contar con que sus fechorías quedarán impunes.

Solamente me queda añadir que quienes defienden un Estado mínimo (y para qué hablar de los que abogan por un Estado obeso) pretenden que las funciones del Estado sean la administración de justicia y la protección de la población.

Saquen las consecuencias.

 

© Instituto Juan de Mariana

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