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ENERGÍA

El confuso 'no mercado' energético español

La política energética de José Luis Rodríguez Zapatero es tan caótica como todas las suyas. Un observador objetivo, más que lógica y planificación, vería en ella un conjunto de decisiones que se sustentan, bien en cuestiones ideológicas, bien en presiones de diversos lobbies o empresas, bien en traumáticos baños de realidad.

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A estas alturas, todavía me sorprende que se hable de "mercado energético español". Supongo que para un marxista convencido –o para un progre descerebrado– el sector energético español es un mercado salvaje, pero, claro, la realidad es la realidad, y lo cierto es que en ese mercado salvaje los precios se fijan oficialmente a principios de año, el Gobierno decide qué se va a subvencionar y qué no, qué instalaciones pueden operar y cuáles no, etcétera. En ese mercado salvaje, el 20% del capital de Red Eléctrica Española, la (única) empresa encargada del transporte eléctrico de alta tensión, está en manos públicas; se trata de la participación mayoritaria, conviene aclarar, y explicar que las eléctricas hubieron de vender, por ley, a aquélla las pocas redes de transporte que tenían. En ese mercado libre lo que impera es el oligopolio, y las fusiones, compras o ventas de participaciones de las empresas que lo integran pueden ser supervisadas y vetadas por el gobierno a través de mecanismos, cuando menos, poco éticos.

Así las cosas, quizá sea más acertado hablar del no mercado energético nacional; un no mercado que fue liberalizado en 1997, con la Ley del Sector Eléctrico.

Industria ha tomado la decisión de subir un 9,8% el precio de la electricidad en 2011, y la ciudadanía, harta de apretarse el cinturón para pagar los excesos de los políticos, ha puesto el grito en el cielo. Con razón. Semejante subida no es fruto de la casualidad, sino de unos errores y una manera de proceder que han beneficiado a unos pocos y perjudicado a muchos.

La apuesta por las energías alternativas del Gobierno de Zapatero ha tenido por consecuencia unos gastos desorbitados, que han contribuido –junto a otros factores– a que el precio de la energía haya subido un 53% desde 2006; por los datos que circulan por ahí, tiene toda la pinta de que va a seguir subiendo. Igualito que la evolución de precios en los mercados libres.

Hasta septiembre del año que acabamos de enterrar, las primas de las renovables alcanzaban los 5.886 millones; la mitad de ellos había ido a parar a la energía fotovoltaica, que apenas representa el 12% de la potencia instalada. En un inaudito ataque de sensatez, el Ejecutivo ha decidido reducirlas, lo que ha despertado la injustificada indignación de las empresas y particulares que viven de ello.

El elevado coste de estas tecnologías podría hacer pensar que aún hay mucho que investigar en materia de rentabilidad, o que la labor comercial debería centrarse en los sectores dispuestos a pagar más por una energía aparentemente limpia. Sea como fuere, Zapatero ha anunciado un descenso de las primas de unos 3.300 millones: 232 en la eólica, 891 en la termosolar y 2.220 en la fotovoltaica. La mala noticia es que las primas siguen existiendo, y que el origen del problema, por tanto, sigue ahí, contribuyendo, entre otras cosas, a engrosar las cifras de desempleo.

El Gobierno ha decidido reducir el déficit tarifario, que por ley no puede superar los 5.000 millones, y repartirlo entre todos los actores: los contribuyentes y las empresas, que son las malas malísimas en todo ejercicio de propaganda progresista. A algunos les parecerá maravilloso que este dinero salga de los beneficios de las empresas, pero me temo que no es tan sencillo: ya se encargarán ellas de ajustar donde puedan; por ejemplo, en inversión y mantenimiento.

Una de las ventajas de que disfrutan las empresas energéticas españolas es que están presentes en varios países. Así que seguirán ganando dinero... sin necesidad de invertir en España más allá de lo que les dicten el Gobierno y el oportunismo (operaciones de lavado de imagen). He aquí otra muestra de que lo que rige en nuestro país es el mercado libre y salvaje.

Menos revuelo ha generado una decisión gubernamental relacionada con la propiedad de las centrales nucleares de Almaraz, Cofrentes, Ascó, Santa María de Garoña, Trillo y Vandellós. De salir adelante, la nueva legislación obligará a la introducción de cambios en la titularidad de las mismas: sólo podrá haber un titular por central (actualmente, la gran mayoría son de titularidad compartida), habrán de llevar cuentas separadas y ofrecer los detalles de las inversiones. Siempre hay una justificación para cualquier imposición; en este caso se ha hablado de clarificar la responsabilidad, para el caso de que se produzcan accidentes.

Lo más interesante de ese proyecto radica en la posibilidad, remota pero posibilidad al fin y al cabo, de que se autorice la construcción de nuevas centrales nucleares. Ahora bien, la titularidad única dificultaría un proyecto de tal envergadura.

Conviene, por otro lado, reparar en el empuje que han recibido las cuencas mineras españolas. En una prueba más de lo libre y salvaje que es el mercado energético español, el Gobierno decide qué tipo de combustible deben emplear las empresas.

En diciembre de 2009 Bruselas decidió prolongar las ayudas al carbón europeo hasta 2018, medida que fue muy bien recibida por nuestros subvencionados mineros. El 21 del mismo mes el Ejecutivo Zapatero anunció la prórroga hasta 2011 de las ayudas a la industria minera del carbón de los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Por ley, las eléctricas españolas deben utilizar carbón nacional.

En estas condiciones, es más fácil construir una central térmica o una de cogeneración que una nuclear. Por cierto, se da la paradoja de que centrales más eficientes y limpias, como las de ciclos combinados, tienen que permanecer paradas para que las térmicas, más contaminantes y menos eficientes, quemen carbón nacional, que además tiene menos capacidad calorífica que el importado y es mucho más nocivo.

¿No es todo esto irracional? Durante años, el Gobierno favorece la ideología ecologista y los intereses de las empresas ligadas a las renovables, luego les da la espalda –al menos aparentemente– mediante la reducción de ayudas y favoreciendo a un sector cuasi antagónico para, por último, dar una última estocada a la energía nuclear, que ya lo tenía difícil pero que podría echarle una mano en la consecución de objetivos como el de la reducción de emisiones de dióxido de carbono. Qué país. Y qué mercado tan libre y salvaje.

 

© Instituto Juan de Mariana

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