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ECONOMÍA

Sobresueldos y rescates: lo malo y lo peor

Ciento sesenta y cinco millones de dólares en bonus querían repartirse los directivos de AIG, la aseguradora que habría quebrado varias veces si el Gobierno de Estados Unidos no la hubiese rescatado. Tiene mérito: muchos no hemos arruinado a nadie y, pese a ello, el Gobierno no nos ha recompensado con una lluvia de millones.

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De inmediato, todos los políticos que votaron por salvar a AIG a costa del erario público han estallado en críticas y denuncias. "Es horrible y vergonzoso", decía un senador republicano por Alabama. "Hay que gravarlos al 100%", proponía un senador demócrata de Nueva York. "Es inaceptable que se repartan los bonus mientras seguimos inyectando miles de millones en la compañía", reflexionaba otro senador demócrata (por Illinois).

Tienen razón. Es inaceptable. Pero lo es desde el principio, exactamente desde que se procedió al rescate de la compañía. ¿Qué absurda y contradictoria economía de mercado están contribuyendo a crear los planes de rescate, pues los altos ejecutivos ya no pueden ser remunerados y los accionistas no pueden percibir dividendos?

Recordemos lo evidente: los directivos son personas con una enorme responsabilidad que pueden hacer ganar o perder mucho dinero a sus accionistas. Por eso los máximos responsables de las empresas, sobre todo cuando se trata de grandes compañías, están dispuestos a pagar elevadísimos salarios para hacerse con los mejores. Algo parecido sucede en el fútbol: todos los equipos quieren fichar a los mejores, por eso los mejores cobran tanto.

Pero, al igual que en el fútbol, en el mundo de la empresa el pagar mucho no impide que algún ejecutivo galáctico salga rana. En muchos casos los accionistas confían ciegamente en personas que han tenido mucha suerte en otras compañías o que poseen un currículum impresionante a pesar de que no comprenden los movimientos del mercado.

Si los accionistas contratan a un directivo inadecuado y, para más inri, lo remuneran generosamente, tanto peor para ellos. La próxima vez –si es que hay próxima vez– intentarán buscar mejor. Mientras la empresa no quiebre y tenga dinero suficiente, podrá seguir buscando nuevos directivos y, en su caso, atraerlos con altos salarios. La retórica en contra de los sueldos altos resulta ridícula, sobre todo porque no son los paganos quienes protestan. Entendería que un accionista se llevase las manos a la cabeza por haber contribuido a encumbrar a unos incompetentes carísimos, pero me cuesta más de entender que lo haga un tipo sin oficio ni beneficio en la empresa.

Con esto no quiero decir, claro está, que considere que todos los sistemas de remuneración de directivos resultan positivos y dignos de encomio. De hecho, en mi opinión la mayor parte de los bonus tienden a primar demasiado los resultados a corto plazo en detrimento de la perspectiva a largo. Pero, de nuevo, este error –y su hipotética corrección– será en todo caso responsabilidad de los accionistas: si no establecen los incentivos adecuados para la dirección, serán ellos los perjudicados.

El problema del affaire de AIG es que los directivos resultaron un completo fiasco y abocaron la compañía a la quiebra, motivo por el cual los accionistas deberían haber perdido todas sus inversiones. Pero hete aquí que AIG era, según el Gobierno de Estados Unidos, demasiado grande para quebrar, motivo por el cual tocaba recapitalizarla. ¿Resultado? La dirección se queda y los accionistas no se arruinan del todo.

Los directivos incompetentes se comportaron en un principio como es lógico que se comportaran: cobrando los bonus que sus accionistas les habían prometido. Si la empresa hubiese quebrado, obviamente se habrían quedado sin bonus; como el Gobierno se lo ha impedido, ahora iban a percibirlos de los impuestos ciudadanos. Que hayan renunciado a ellos tras las presiones políticas sólo demuestra la importancia que las presiones políticas han ido adquiriendo en el mercado estadounidense.

Y es que la reacción de los políticos fue desde un comienzo tratar de impedir que los altos cargos pudieran cobrar las bonificaciones. Al fin y al cabo, el objetivo de la inyección pública de capital en AIG no era que aquéllos pudieran costearse unas lujosas vacaciones y comprarse otro coche más, sino evitar que la compañía dejara de pagar sus obligaciones y pudiera seguir operando en el mercado.

Pero, como digo, ¿qué clase de mercado es éste, que está sometido a la excepcionalidad de un rescate y al control político? El problema no es que los directivos de AIG cobren bonus: el problema es que se impidió que AIG quebrara y fuera liquidara. El resto de la polémica no es más que un fruto inevitable de lo primero.

Cuando se retuercen las leyes del mercado, cuando se impide que quiebren quienes tienen que quebrar, pasan cosas como ésta. Cualquier decisión que tome AIG a partir de su recapitalización pública lo hará gracias a los contribuyentes estadounidenses: no sólo el pago de primas extraordinarias a sus más altos ejecutivos, sino el pago de indemnizaciones a sus clientes (a pesar de que éstas son, un parte, responsables de la crisis actual).

No se puede jugar al mercado. Los enjuagues público-privados son un artificio que siempre redunda en perjuicio de otros. Parece que algunos sólo se dan cuenta cuando unos directivos ponen el cazo.
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