Siempre ha existido la tentación de un literalismo de los preceptos evangélicos sobre la pobreza más allá del necesario realismo que acompañaba a la bolsa que llevaban los discípulos de Jesús. No han sido pocos los momentos de la historia en los que los poderes constituidos han intentado acallar la libertad de la Iglesia con el telón de fondo del talón bancario, las prebendas, las rentas y demás tretas especulativas. Se equivoca el gobierno socialista si, en su proyecto de deslegitimar públicamente a la Iglesia, convierte la cuestión económica en una nueva carta de cambio con la que "comprar" los silencios de la Iglesia y de los obispos, o inocular el virus de un ingenuo pobrismo entre los fieles cristianos y los ciudadanos de buena voluntad. La Iglesia, ni se compra, ni se vende, ni está de rebajas.
Si tomamos como referencia a las primeras comunidades cristianas debemos tener en cuenta que la libertad de la Iglesia y su influencia en la vida pública han hecho posible que se extienda su acción caritativa y social. A más libertad y presencia pública, más capacidad para dar. Cercenar la libertad o el ejercicio de la libertad significa un considerable empobrecimiento para el bien común de toda la sociedad. Berdiaev escribió que "si yo tengo hambre, es un hecho físico; si tiene hambre el prójimo, es un hecho moral". La Iglesia bien lo sabe. Ya en los primeros años era consciente de que sus bienes eran, en gran parte, los bienes de los pobres. En la Iglesia de Roma, por ejemplo, la caridad y el trabajo con los más pobres se organizó desde muy pronto. En la época de san Juan Crisóstomo, la Iglesia de Antioquia tenía a su cuidado unos 10.000 pobres y la de Constantinopla 7.700. A éstos había que añadir el trabajo con los expósitos, los perseguidos, los que se hallaban en peligro moral, los prisioneros...
Pero hete aquí que llegó el Estado algo más que recaudador, filántropo, antropólogo y, no pocas veces, antropófago. El Estado hacía la caridad y el gobierno, la justicia. Hay una forma reduccionista, muy en boga en la compresión de los socialistas en acto, que es valorar la aportación del Estado a la Iglesia según los servicios sociales que presta, entendiendo el concepto de servicio social de la Iglesia como si fuera una institución especializada en el tercer sector. La Iglesia genera un beneficio social no sólo cuando construye un albergue para transeúntes o levanta una casa para enfermos de SIDA. Lo hace también cuando el sacerdote celebra los sacramentos; cuando en los locales parroquiales se imparte la catequesis o existe una comunidad en profunda oración. Aunque estas acciones son difíciles de convertir en euros constantes y sonantes, manifiestan lo propio de la naturaleza de la Iglesia. Y lo específico de la Iglesia es lo que legitima todas y cada una de sus acciones sociales, amén de universalizar su presencia. Al gobierno le sería mucho más cómodo tabular, medir, pesar, en suma, lo que vale la Iglesia contando todas y cada una de las camas de sus hospitales, de las residencias de ancianos, de las enfermerías públicas. Pero éste no sería nunca el valor real de la Iglesia, ni el de su presencia, ni el de su actuación. ¿Acaso el Estado, y las Instituciones públicas, no subvencionan la opera, los deportes de elite o los espectáculos de masas?