Ninguno "pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno" (Hch 4,32.34s). Eran tiempos en que San Pablo prefería trabajar con sus manos para aliviar la carga de la comunidad (Hch 20,33ss).
En Europa, desde la Alta Edad Media, como consecuencia de la presencia del derecho germánico, se impuso el que el oficio eclesiástico estuviera ligado a un beneficio. Es decir, que si, por ejemplo, alguien era nombrado párroco, a ese cargo iban adscritas las rentas de unas tierras o el poder habitar una casa y cultivar una huerta, etc. Este sistema, aunque no excluía los donativos ni el pago de determinados aranceles por algunos servicios, desligaba grandemente tanto la sustentación del clero como el sostenimiento de los inmuebles de la responsabilidad de los fieles, pues quedaba garantizada por la propiedad de unos bienes que ciertamente daban una enorme estabilidad y seguridad financiera.
El peligro provenía de sentir los fieles que la financiación de la Iglesia era una problemática muy ajena a ellos, además de llevarles a ver al clero, en buena medida, como parte de los terratenientes y a contribuir a entender el ministerio como una carrera funcionarial. Este sistema, por la acumulación de bienes durante siglos, llevaba además a poder sostener una estructura de funcionamiento enorme, pero que probablemente no guardaba proporción con la realidad. En cualquier caso, la relación directa con la fe vivida era deficiente.
Este sistema, en España, duró hasta las desamortizaciones decimonónicas, que no fueron expropiaciones por no haber justiprecio, con lo cual la Iglesia se encontró con un verdadero desastre económico al verse privada de su forma de financiación sin nada a cambio. Este hecho, así como las heridas que había dejado, se quiso solucionar durante la Restauración, por lo que comenzó, como compensación por el perjuicio sufrido por la Iglesia con las desamortizaciones, la aportación de los presupuestos del Estado. Lo cual volvía a dar estabilidad económica, pero mantenía los mismos inconvenientes, añadiéndose además una dependencia grande del Estado y, por tanto, una libertad un tanto en cuarentena.
Este sistema, con altibajos, ha durado hasta la llegada de la democracia, con la que hemos tenido hasta ahora uno mixto, pues junto a la aportación del Estado, que provenía de los contribuyentes y no de los gobernantes, estaba la famosa X de la declaración de la renta.
Ahora, pese a lo que afirmaba el titular de un diario independiente de la mañana –"El Gobierno dará más dinero a la Iglesia"–, con el reciente acuerdo entre la Iglesia y el Estado ha terminado este período, que se podría llamar de transición, y ha comenzado uno de total autofinanciación. El papel del gobierno se limita, como intermediario, a facilitar que la libertad religiosa sea efectiva, conforme al artículo 9.2 de la comatosa Constitución de 1978. Dejando colectas y similares aparte, el peso económico recae en la libertad de los ciudadanos que quieran poner la X y en la responsabilidad de los creyentes que les mueva a hacer ese gesto tributario. En la mayoría de los casos se dará la convergencia de ambos aspectos.
Esto supondrá, para los fieles, la cercanía de aquello cuyo peso se sostiene; para la acción evangelizadora, el realismo y audacia que da el no estar en manos del gobierno, sino en las de la Providencia divina, manifestada en la X de la declaración de la renta. Y abrirá exigencias e interrogantes. Se dejará sentir más claramente que unas son las cifras de los sacramentos y otras las de los que arriman el hombro. El creyente tendrá un motivo más para querer que la vida eclesial sea más auténtica y que se le brinden cauces más idóneos para poder vivir más evangélicamente. Y con los parásitos... ¿qué hacer con los parásitos?