El pasado jueves se celebraron elecciones al Consejo de Personal de la Guardia Civil. Lo primero que hay que decir es que pese a la propaganda de Rubalcaba éstas no han sido las primeras, sino que de hecho han sido las terceras elecciones en el seno de este Cuerpo. Las primeras elecciones dentro de la Guardia Civil las organizó un gobierno del Partido Popular en el año 2002, con Santiago López Valdivielso de Director General. Fueron un rotundo éxito. Casi el 50% de participación. Fueron además las primeras elecciones que se celebraron en España mediante voto electrónico y sirvieron, entre otras cosas, para dotar de firma electrónica a todos los guardias civiles, la misma con la que han vuelto a votar ahora. La Guardia Civil recibió por todo ello un premio de calidad a las mejores prácticas en la Administración Pública.
Las segundas elecciones, ya con un gobierno socialista, fueron, por el contrario, un estrepitoso fracaso. Se celebraron tras la dimisión de la mayor parte de los miembros del Consejo. La participación no alcanzó el uno por ciento y condujeron a la extinción de este órgano en un lento languidecer hasta las elecciones actuales.
La Ley de Derechos y Deberes de los Guardias Civiles, aprobada la Legislatura anterior sin el consenso del Partido Popular, sustituye al Consejo Asesor de Personal por un nuevo Consejo de la Guardia Civil con representación paritaria de las asociaciones profesionales y la administración bajo la presidencia del ministro del Interior. En estas elecciones han votado un 37% de los guardias civiles en activo, diez puntos menos que las que en 2002 constituyeron el primer consejo asesor. El nuevo órgano nace, por tanto, con menor participación y menos fuerza que el anterior.
En segundo lugar, varios de los candidatos que han resultado elegidos fueron objeto de la apertura de un expediente disciplinario una semana antes de la celebración de las elecciones por haber acudido a una manifestación junto a policías nacionales el pasado 18 de octubre en defensa de sus derechos profesionales. Sin duda este hecho no ha contribuido a una mayor participación y ha enrarecido el clima en el que se han celebrado las elecciones.
Esas sanciones pusieron una vez más en evidencia la hipocresía de la izquierda. A los socialistas se les llena siempre la boca hablando de ampliar libertades y derechos, pero llegada la hora de la verdad prefieren aplicar medidas represivas ante cualquier conflicto social. El caso de las sanciones a los guardias civiles por manifestarse es un buen ejemplo. Cuando el PSOE estaba en la oposición llegó a prometer a las asociaciones una desmilitarización progresiva de la Guardia Civil. Hoy quiere expulsar a aquellos guardias civiles que se atrevieron a salir a la calle a pedir que Zapatero cumpla su palabra y mejore sus condiciones profesionales.
Esta tendencia del PSOE a responder con medidas disciplinarias a las demandas de los guardias civiles no es nueva. En época de Luis Roldan varios guardias fueron encarcelados y expulsados del Cuerpo por su actividad asociativa y reivindicativa, en muchos casos con muy escasas garantías procesales. Una muestra más de cómo entiende la izquierda la defensa de las libertades.