Ya está bien. Las elecciones celebradas en Cataluña deben marcar el punto de inflexión en la política de apaciguamiento y sumisión con respecto al nacionalismo que se ha llevado a cabo en España desde la vuelta de la democracia. Treinta y cinco años de concesiones deben ser suficientes para evaluar sus resultados y darse cuenta de que los nacionalismos solo han traído a España los mismos males que trajeron a Europa en el s. XX. El nacionalismo democrático se ha demostrado una falacia, un buenismo bienintencionado, la justificación psicológica de la democracia española para intentar contentar hasta límites absurdos al monstruo nacionalista. Por definición, el nacionalismo no tiene paradas intermedias, ni sabe de respeto a los derechos individuales y las libertades, solo sabe de prejuicios y discriminación, de identidades grupales y raciales estructuradas alrededor de la cultura, la lengua o la raza con una aspiración final, la aplicación de su proyecto nacional o racial. En ese camino, los nacionalismos no negocian, no se detienen salvo por razones estratégicas, en su caso el fin si justifica los medios, sea su coste el que sea.
La situación ha llegado a un punto que hace imposible cualquier arreglo que no pase por la destrucción de la nación española y del propio concepto de España. Los nacionalismos nos han traído muerte, terror, diáspora, enfrentamiento, división social, desigualdad, pobreza y falta de libertad. El desafío a leyes fundamentales como la Constitución, a las resoluciones judiciales, a órganos legítimamente constituidos y a la libertad de expresión es constante. Ni nuevos estatutos, ni más competencias, ni más dinero, ni injustificables financiaciones a la carta ni el autogobierno calman a la bestia. El programa nacionalista pasa sencillamente por expulsarnos de nuestra propia tierra y por la eliminación de lo español. Desde los gobiernos nacionalistas se han implementado políticas que nada tienen que envidiar a las llevadas a cabo por los déspotas que nos precedieron en Europa. La política activa y pasiva del jingoísmo antiespañol se ha cebado en nuestros símbolos nacionales, instituciones, leyes, tradiciones, con nuestra lengua, así como en los españoles que no se pliegan a la muchedumbre nacionalista. Como decía bien un reciente artículo de prensa, hay lugares de España donde el nuevo insulto es llamar "español" a alguien y transmitirlo a través de los medios de comunicación públicos o privados subvencionados, en una política activa más o menos explícita de violencia simbólica que asemeja a los españoles con lo más bajo, marginal y ruin de la sociedad. Esto puede observarse con especial virulencia en la escuela y en materia lingüística –una vez más, la lengua como elemento de diferenciación y discriminación y no de comunicación–, que están desempeñando un papel fundamental en el adoctrinamiento de las nuevas generaciones, más propio de las dictaduras que de las democracias, y donde lo español es sinónimo de enemigo, de invasor, de agresor al que hay expulsar del espacio público. La implantación del huevo de la serpiente en la cabeza de los más pequeños asegura un odio generacional y enfrentamiento social de consecuencias impensables a largo plazo.
Frente a todo esto, los españoles no podemos mirar hacia otro lado por más tiempo. No se trata ya de un problema territorial, ni de los límites geográficos de España; se trata de asegurar la libertad, la igualdad y los derechos individuales de todos los españoles. Desde la aprobación de la Constitución de 1978, queda demostrado que la democracia española ha intentado todo lo humana y políticamente posible para hacer de nuestra tierra, de nuestra sociedad, un lugar donde sea posible la convivencia entre todos. Pero el nacionalismo no lo ha permitido porque sencillamente no lo quiere, no es su plan ni es su objetivo. Dada esta tesitura, no queda otra posibilidad que la de hacer frente a esta plaga tomando ejemplo de lo hecho en otros países nada sospechosos de su tradición democrática, como el Reino Unido (con la suspensión de la autonomía de Irlanda del Norte), los Estados Unidos (con el envío de tropas federales para impedir la segregación racial) o Alemania (donde se prohíbe toda asociación contraria al orden constitucional).
Se acabó, los nacionalistas ya no tocarán la flauta mientras nosotros bailamos a su alrededor. Debemos defender el Estado de Derecho, respetar nuestras instituciones y cumplir y hacer cumplir las normas y leyes que nos hemos dado. Sin duda, será una lucha larga y costosa, puesto que el enemigo nacionalista se sabe fuerte, debido a la debilidad y los complejos de nuestros partidos políticos, que han puesto en peligro la propia existencia y el orden jurídico de España. Los españoles debemos quitarnos el complejo nacionalista de encima y madurar políticamente hacia una democracia plena y moderna como existe en los países de nuestro entorno, donde nadie se plantea -ni se tolera- que pueda pasar algo parecido al desafío que estamos padeciendo los españoles. Es precisa una política clara y decidida, enérgica en la defensa del orden constitucional, que bien podría traducirse en un pacto de Estado que haga frente a la lacra nacionalista con medidas tan sencillas y básicas como el cumplimiento de la ley, la igualdad y la libertad en todo el territorio nacional; que proteja los símbolos e instituciones de nuestro país sin vergüenza ni complejos; que reforme la ley electoral para que los nacionalismos no estén sobrerrepresentados en las Cortes y se impida su gobierno a través de pactos e investiduras; que normalice la utilización del español como lengua común de todos los españoles; que recupere las competencias de educación, justicia y sanidad para el Estado y que elimine los derechos históricos de unos españoles sobre otros.
Debemos ser conscientes de nuestras propias contradicciones internas y debilidades conceptuales: no podemos defender el multiculturalismo hacia fuera y bendecir que se expulse a la cultura española de su propia tierra, defender los derechos de la infancia y seguir impasibles ante la discriminación de aquellos que pretenden educarse en español en España, defender la ciencia y admitir que se falsifique nuestra historia, sostener el respeto de las minorías en el mundo y abandonar a los castellanoparlantes en Cataluña, pedir que se cumpla el derecho internacional mientras lo incumplimos en nuestra casa. Basta de aguantar insultos, manipulación de los medios de comunicación, falsos victimismos; y, sobre todo, basta de callar.
La situación terminal a la que el nacionalismo ha llevado a la democracia española no puede tolerarse por más tiempo. La realidad de confrontación política, social e institucional no se va a solucionar ni metiendo la cabeza bajo tierra ni mirando para otro lado, mucho menos con nuevas concesiones. La historia de Europa nos ha dado muchos ejemplos de dónde nos llevan los nacionalismos y el error que supone la política de apaciguamiento. También nos ha mostrado el camino para combatirlos desde la legalidad democrática. Es el momento de ponerse manos a la obra sin complejos y con determinación.