La Constitución es la expresión de la voluntad de todos los individuos que componen una nación, en ella establecen las reglas que aceptan para ordenar su convivencia. No es cualquier cosa. James M. Buchanan recibió el Premio Nobel en 1986 precisamente por su teoría de los fundamentos de la democracia constitucional (v. "El cálculo del consentimiento"), conforme a la cual las decisiones sobre la Constitución debían ser unánimes. No mayoritarias, sino unánimes. El 88,5% de apoyo que tuvo la vigente Constitución española (91,1% en Cataluña, por cierto) técnicamente no es unanimidad, pero se le acerca mucho.
Mariano Rajoy acaba de proponer reformar la Constitución. Pero eso no es una propuesta política a los ciudadanos. La propuesta aparecerá cuando se diga qué se quiere reformar en la Constitución y en qué sentido: qué se propone que diga o que no diga la Constitución.
La importancia de la cuestión –y un mínimo sentido del liderazgo, si es que eso existiera– exige que la propuesta no sea, genéricamente, reformar la Constitución, sino proponer qué normas se quiere que pasen a tener rango constitucional. Los demás partidos llevan años proponiendo reformas concretas, equivocadas en mi opinión, pero reconocibles: eliminar la monarquía, federalismo, etc.
Zapatero, cuyas desdichadas decisiones nos han traído hasta aquí, propuso una reforma constitucional concreta. Una reforma absurda, equivocada e inconveniente a mi modo de ver, pero concreta: incluir en la Constitución el nombre de las comunidades autónomas, transformar el Senado en otra cosa distinta de la que es, etc. El Consejo de Estado elaboró un razonable dictamen al respecto, pero una cosa es dar una respuesta razonable a una pregunta desatinada y otra cosa diferente es tomar esa respuesta y ese dictamen como guía para lo que se pretenda hacer ahora. Eso sin contar con el aún más razonable voto particular que contra dicho dictamen emitió José María Aznar.
Se puede pedir el apoyo de los españoles para regular muchas cosas de manera diferente en la Constitución. Se puede proteger mejor la libertad individual y la propiedad privada. Se pueden reformar instituciones que no están garantizando la separación de poderes, como el CGPJ o el TC. Se pueden eliminar muchos frenos constitucionales que impiden hacer reformas económicas profundas. Sin duda, se podría eliminar la desgraciada distinción entre nacionalidades y regiones. Y por supuesto se podría poner aún más claro que si se pretende una ruptura nacional habrá de ser mediante una decisión idénticamente nacional en la que opinemos todos los españoles.
Todo esto se puede proponer como reforma constitucional. U otra cosa. Lo relevante es el contenido, porque el método –la mera reforma de artículos de la Constitucional– es solo un instrumento, no un fin.